Jueves, 07 Julio 2016 00:00 Publicado en Blog

En tiempos de crisis como los que vivimos las deudas e impagos se acumulan entre particulares y empresas, lo que lleva necesariamente a largos procesos judiciales.

 

En esos procesos, ya sean ordinarios o de ejecución, surge al demandado la eterna duda ¿puedo vender mis bienes? ¿Si los vendo me estoy alzando con mis bienes? ¿Es un delito?

 

En primer lugar, hay que señalar que el Código Penal castiga la insolvencia punible o alzamiento de bienes con penas de prisión 1 a 4 años y multa cuando realice alguna de las siguientes conductas:

 

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

5.ª Participe en negocios especulativos, (…).

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, (…). También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, (…).

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar (…).

8.ª (…) dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, (…).

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

2. (…).

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

5. (…).

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal.

 

Ciertamente la situación y las preguntas no son sencillas de responder y hay que estudiar cada caso, pero estas son algunas cosas a tener en cuenta:

1) Vender tus bienes a precio de mercado siempre es lícito.

2) Destinar el dinero de la venta de tus bienes al pago de deudas (no necesariamente de quien te demanda) es lícito -salvo que estés en concurso de acreedores-.

3) Regalar o malvender los bienes -y encima a parientes- es indicio de una situación irregular.

 

De cara a las empresas y personas jurídicas es importante que estas tengan un programa de prevención de riesgos penales (Compliance Penal) que regule y controle estas situaciones y evite la comisión de delitos., ya que la comisión de este delito prevé multas importantes y dependiendo de las circunstancias del caso, pueden acarrear otras penas que pueden llegar a la disolución de la mercantil.

 

Y es que hay que ser conscientes de la importancia de la abogacía preventiva, por ello, antes de tomar cualquier decisión de este calado, consulta a tu abogado.

 

Lunes, 06 Junio 2016 00:00 Publicado en Blog

Hoy es un día extraño para los abogados penalistas, por un lado, estamos contentos por nuestros clientes, por otro, profundamente tristes por el estado de la Justicia y el motivo de nuestras alegrías.

 

El motivo de esta sensación doble y, en cierto modo, incompatible no es otro que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otras cuestiones, fijaba un plazo máximo para investigar judicialmente la existencia o no de delito.

 

Dicho plazo máximo se fijaba en 6 meses, y si bien es cierto, en dicho tiempo debería bastar para finalizar la fase de instrucción, la realidad es que si no se dotaba de más medios a la Administración de Justicia, ese plazo se convertía en imposible de cumplir.

 

A lo largo de estos meses las fiscalías han presentado escritos -meros formularios en su mayoría- solicitando que las causas se considerasen "complejas" con el consiguiente aumento hasta los 18 meses en el plazo de investigación. Pero si la Administración de Justicia necesita medios, la Fiscalía está en igual situación, y ello ha llevado a que muchas causas (se habla de miles) han quedado sin revisar y que muchos juzgados han aplicado de forma correcta el nuevo precepto legal y no han ampliado el plazo.

 

Consecuencia de esta situación es que los abogados defensores hemos presentado entre en estos días miles de escritos solicitando el sobreseimiento y archivo de los procedimientos.

 

Bien es cierto que la ley no señala que en caso de que finalizado el plazo de instrucción deba proceder el sobreseimiento y archivo, pero la ley solo deja dos opciones, y la otra es que haya juicio.

 

Ambas resoluciones son perjudiciales para el acusador o perjudicado, ya que aunque haya juicio, si la fase de instrucción no está bien realizada y no se ha completado, las posibilidades de éxito y de ver resarcidas sus pretensiones son menores.

 

Obviamente, esto se multiplica en sus consecuencias en las causas realmente complejas, las cuales, con estos plazos, quedarán, en un alto porcentaje impunes.

 

Así que nos encontramos ante una especie de “Efecto 2000” jurídico, cuyas consecuencias solo las veremos dentro de unos meses, aunque todo parece que serán tremendas.

Martes, 31 Mayo 2016 00:00 Publicado en Blog

Para todo abogado ganar un proceso judicial siempre es ilusionante, si el proceso es penal, la alegría es mayor, y si el proceso era injusto, la alegría es tremenda.

 

Por ese motivo me animo a iniciar una cadena -espero interminable- de post sobre sentencias con una especial relevancia para el Despacho.

 

En el caso que nos ocupa, nuestra cliente fue denunciada por dar un empujón a una señora y robarla 10 euros, hechos que no fueron acreditados en el juicio.

 

Lo relevante del procedimiento es la desproporción entre los hechos denunciados, pues la denunciada no tuvo lesión alguna, y la respuesta de la Fiscalía y la Administración de Justicia.

 

Y es que tras dicha denuncia, y sin nada más, se acordó en primer lugar la prisión provisional sin fianza para la denunciada, resolución que fue revocada tras nuestro oportuno recurso.

 

Pero lo kafkiano del proceso continuó y tras tomar declaración a la denunciante sin convocar al letrado de la denunciada, el Ministerio Fiscal procedió a formular acusación y a solicitar 3 años y 3 meses de prisión.

 

Afortunadamente se hizo Justicia y nuestro cliente no se verá privada de libertad.

Viernes, 13 Mayo 2016 00:00 Publicado en Blog

Recientemente, en uno de los múltiples grupos de whatsapp recibí una fotografía de una mujer desnuda –menuda novedad, pensaréis- y me hizo reflexionar –eso sí es más novedoso- al respecto.

Y es que resulta evidente que si bien la persona que difundió la imagen de su, posiblemente, pareja o ex pareja, era consciente de que dicho acto no era éticamente correcto, pero tengo serias dudas de que fuera conocedor de que estaba cometiendo un delito.


Tras la última reforma del Código penal, se introdujo el artículo 197.7 que viene a señalar:


Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa”.


Para el lego en derecho, podemos especificar que, la pena en cuestión a la que la persona se expone es de 7 meses y 16 días a un año de prisión, además, obviamente, de la consiguiente indemnización derivada de los daños morales sufridos.


Ciertamente, el hecho, además de ser denigrante para quien lo sufre, no es ninguna “tontería” para quien lo comete.


Aprovecho también para revocar un falso mito que ha sido ampliamente divulgado por los medios de comunicación, y es que “las penas de prisión inferiores a dos años no se cumplen”. Aquí es importante recordar, que el Código Penal no dice de esto –o no exactamente-, pues viene a señalar que:


"Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos
1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. (…).
2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado (…)".


Quiero resaltar el “podrán dejar en suspenso” ya que no es una regla matemática –aunque sí habitual- y en más de una ocasión algún condenado se ha dado un buen susto.


Pero además de las posibles consecuencias, también hay que reflexionar sobre que si las “mentiras tienen las patitas muy cortas”, más cortas las tiene este delito, ya que no solo la víctima tiene claro quién ha cometido el delito, sino que al ser un archivo informático, los metadatos del mismo serán el mejor “testigo” imaginable.


Si has sido víctima de un hecho así, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y denunciar tales hechos.