Miércoles, 10 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

Recientemente se ha conocido la resolución del Tribunal Superior de Cataluña que viene avala la Orenza Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Ordenanza que impone la prohibición de ir desnudo o semidesnudo por la ciudad, esto último a excepción de la playa, paseo marítimo o calles colindantes.

Se trata de una Ordenanza Municipal con consecuencias exclusivamente de carácter administrativo -es decir- pecuniario sin consecuencias penales, conceptos que, en ocasiones, tienden a confundirse.

Al análisis del vigente Código Penal –se modifica el próximo Julio- podemos asegurar que el nudismo no es delito, y que no hay, por ello, una sanción penal al que anduviere desnudo. No obstante, este artículo quedaría vacio, si no se advierte a los lectores, que el nudismo, aun a pesar de no ser delito, si puede llevar aparejada una sanción económica por infracción de una Ordenanza Municipal, como mencionábamos ocurre en la Ciudad de Barcelona. Infracciones que han venido a sancionarse con multas de 500 euros, en algunas localidades la sanción puede llegar a los 3.000 euros.

A pesar de haber quedado derogado con la reforma del Código Penal de 1988, es frecuente escuchar referencias a la posible comisión de un delito de “Escándalo público”, que, como tal, no existe y suele confundirse con los artículos 185 y 186 del Código Penal, en relación a provocación sexual.

Es constante la tendencia a despenalizar las conductas que tienen un reproche difícilmente encajable con la libertad, mientras que se perpetua una actitud vigilante, para aquellas personas que exceden de su derecho de libertad, añadiendo a la desnudez, no solo la cuestión objetiva y tangible, sino un factor subjetivo de provocación sexual, con especial énfasis en los receptores o espectadores de esas provocaciones (menores) todo ello viene regulado y castigado en el artículo 185 del Código Penal.

Artículo 185

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Es por tanto el nudismo una actividad lícita, si bien, puede estar limitada por determinadas Ordenanzas Municipales que restringen la desnudez pública.

Salvando determinadas excepciones, estas “limitaciones” son palpables y frecuentes en las zonas de playa desatinadas al recreo, donde, es cierto, que pueden producirse confrontación entre los que defienden el derecho a ir desnudo, y los que entienden que no es correcto hacerlo en público.

Actualmente existen varios contenciosos a este respecto elevados por organizaciones Nudistas / naturistas, frente a lo que se considera un exceso de la injerencia pública -administrativa en la vida y libertad individual.

 

Iván OLALDE IGLESIAS

ABOGADO

Miércoles, 03 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género circunscribe su ámbito de aplicación a la violencia que se produce en el seno de la pareja y en la que el sujeto agresor ha de ser un hombre y el sujeto pasivo o víctima, una mujer.

 

Así,en concreto, en su artículo 1 establece que “la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres

 

Junto a esta violencia denominada de género tenemos la llamada violencia doméstica, que no es lo mismo. Esta última puede definirse como toda violencia ejercida por cualquier persona (no se exige que sea un hombre), sobre los sujetos pasivos que se describen en el artículo 173.2 del Código Penal y que se refieren al círculo familiar (no requiriendo por tanto, que la víctima sea necesariamente una mujer).

 

Con este panorama, se han suscitado muchas dudas sobre qué ocurre cuando se dan situaciones de violencia en parejas o matrimonios formados por dos hombres o por dos mujeres. ¿Y qué ocurre con los transexuales?

 

Del concepto jurídico de violencia de género que se maneja en nuestra legislación y que hemos expuesto, parece que los gays quedarían excluidos como potenciales víctimas al ser hombres así como también quedarían excluidas las lesbianas que agredieran a su pareja.

 

Estos supuestos deberán reconducirse a la violencia doméstica y así se pone de manifiesto claramente en la Circular 4/2005 de la Fiscalía General del Estado al decir que la LO 1/2004 excluye de su ámbito de especial protección a las parejas del mismo sexo aunque reconoce que en estos casos también se pueden reproducir relaciones de dominación como las perseguidas por la misma, por interiorización y asunción de los roles masculinos y femeninos y de sus estereotipos sociales. En los mismos términos se ha pronunciado también nuestro Tribunal Supremo negando la posible interpretación extensiva de esta norma a aquellas parejas en las que ambos miembros son del mismo sexo pues estos supuestos no se contienen es la descripción típica y supondrían una interpretación contra reo.

 

En cuanto a las víctimas transexuales esa misma Circular 4/2005 plantea un panorama totalmente diferente al, en este caso, incluirlas dentro del ámbito de aplicación de la LO 1/2004 siempre que el agresor sea varón y la víctima sea mujer. A estos efectos, y aunque hasta 2007 se venía exigiendo por los tribunales, con la Ley 3/2007 de 15 de marzo se suprime el requisito de la cirugía de reasignación sexual para que la mujer transexual víctima de malos tratos puede obtener la protección integral reconocida por la LO 1/2004. Además tampoco se exige a estos efectos que la mujer transexual haya acudido al Registro Civil para rectificar el asiento relativo a su sexo siendo suficiente en el marco penal que quede acreditada su condición a través de informes médicos-forenses e informes psicológicos, permitiendo especialmente a las mujeres extranjeras, acceder a la protección a la que tienen derecho.

Por tanto, parece que por el momento y debido al concepto que se maneja en nuestro país de violencia de género basado en la protección de la mujer frente a las agresiones de su pareja (hombre), no tienen cabida de ningún manera, el resto de formas de violencia que aún produciéndose también en el ámbito de la pareja, que se diferencia del ámbito familiar, entre otras cosas, por una mayor intimidad, no se ejerzan por un sujeto activo varón y una víctima mujer. Esto, que parece injusto, tan injusto como aquellas situaciones de violencia en una pareja heterosexual pero en las que el sujeto activo es la mujer y la víctima hombre y que también se reconducen por la vía de la violencia doméstica, parece no poder ser de otro modo según la configuración de la violencia de género que conocemos hasta el momento y que surgió ante la necesidad acuciante de luchar contra esta lacra social a la que parece estarse haciendo frente poco a poco. Sin embargo, el problema que se está planteando ahora aquí también necesita emerger, hacerse visible y obtener una respuesta más apropiada.

En cualquier caso, sea cual sea tu orientación sexual, si eres víctima de violencia, busca un abogado penalista y defiende tus Derechos, está en tu mano.

 

 

Martes, 02 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

Han transcurrido poco más de dos días desde la final de la Copa del Rey de fútbol y de lo único que se sigue hablando en este país es de eso, y, sorprendentemente no del evento deportivo, sino de la sonora pitada al himno nacional que se produjo en el previo al partido.

 

Al ser este un tema polémico, todos tenemos una opinión, la mía es muy sencilla y se limita a dos consejos que me daban de pequeño “no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti” y “tu libertad acaba donde empieza la del vecino”.

 

Pero el objeto de este “post” no es dar mi opinión al respecto de la pitada sino analizar un aspecto que he venido escuchando en estos días y es si la pitada en sí es ilícita.

En primer lugar, el Código Penal en su artículo 543 recoge y pena los “ultrajes a España”:

Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.

Si observamos el elemento nuclear del tipo y la propia definición de la Real Academia de la Lengua del verbo “ultrajar” (1.tr. Ajar o injuriar. 2. tr. Despreciar o tratar con desvío a alguien) podemos deducir que nos encontramos ante un tipò  de injurias en el cual el ofendido, en lugar de ser un particular es el Estado y sus símbolos.

Esto nos ha de llevar a la lógica ponderación de qué se ha de considerar una injuria, toda vez que si bien no es un término científico o no existe un “medidor de ofensas” tampoco puede entender el legislador que sea un término subjetivo toda vez que a cada uno le ofende una cosa distinta.

 

 

Según establece de forma pacífica la Doctrina, la acción ha de tener un significado objetivamente ofensivo, según los parámetros sociales en los que la expresión se vierta y es imprescindible que exista la intención de injuriar (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1991).

 

 

También señala la Jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo 278/95 de 28 de febrero de 1995) que hay que estar no solo al valor de las palabras o expresiones proferidas, sino que, dado el carácter eminentemente intencional de este delito, habrá de atenderse y estimarse las circunstancias concurrentes en cada supuesto, realizando un ponderado y reflexivo análisis de los factores coexistentes capaces de hacer incardinar la conducta examinada en la figura penal de la injuria.

 

 

Como podemos observar, hay que atender a cada caso concreto y examinar muy minuciosamente sus particularidades, mi opinión, es que dado que la posible injuria no la constituye el hecho de que una única persona lo hiciera sino en el hecho de que fuera un acto conjunto, no cabría la posibilidad de considerarse como hecho punible, ello por no hablar de lo inidóneo que resultaría para los símbolos patrios el buscar la represión penal de manifestaciones -desafortunadas- como las ocurridas.

 

 

Sin perjuicio de que el “nivel de patriotismo” es libre, hemos de observar también qué  ocurre en otros países, y nos ha de llamar en especial la atención EEUU, país que -todos estaremos de acuerdo- no se puede poner en duda que tiene en alta estima sus símbolos. Pues bien, el Tribunal Supremo en 1989 afirmó que quemar una bandera no es inconstitucional y que el Gobierno no puede prohibir la expresión de opiniones porque no esté de acuerdo con ellas.


Pues bien, no seamos “más papistas que el Papa” y reflexionemos, si todos -incluido este “post”- no hubiéramos dado la importancia a la pitada que, en el fondo, no la tiene, en la próxima final la misma no se produciría.

 

 

 

Imagen de La Sexta

Jueves, 07 Mayo 2015 00:00 Publicado en Blog

El 1 de julio entra en vigor la enésima reforma del "Código Penal de la Democracia" del cual queda poco debido a estas múltiples reformas y remiendos.

 

Una de las novedades es la desaparición de las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, y a raíz de esta consecuencia, he percibido un cierto temor, como veremos infundado, a que se quede impunes actuaciones o hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

 

Es decir, ¿qué ocurre si una persona comete un hecho tipificado como falta en enero de 2015 (antes de la reforma) y está citado a juicio el 30 de julio de 2015 (después de la reforma)?

 

El legislador ha previsto esta situación a través de la Disposición Transitoria Primera la cual señala que estos hechos cometidos, siempre que sigan siendo punibles bajo la nueva denominación de Delitos Leves, se juzgarán conforme establecía el Código Penal antes de la reforma siempre que esto sea más favorable para el reo, es decir, para el denunciado, pues en nuestro sistema penal rige el principio de la irretroactividad de las normas penales, las cuales, en todo caso, solo serían aplicables las que pudieran beneficiar al reo.

 

Si atendemos a casos concretos como es la falta de desobediencia a la autoridad, como el famoso "incidente" de tráfico de Esperanza Aguirre, nos encontramos con que la nueva redacción del Código Penal no despenaliza estos hechos, sino que, por el contrario los agrava, toda vez que las penas a aplicar pasan de una multa de 10 a 60 días (actual artículo 634) a una multa de 1 a 3 meses (nuevo artículo 556.2) de tal forma que los hechos deberían ser juzgados, y en su caso condenados, conforme establecía la legislación aplicable en el momento de ocurrir los hechos.

 

Lo mismo ocurre con una falta muy habitual en nuestros Juzgados de Instrucción como es la falta de hurto, la cual se pena actualmente con localización permanente de 4 a 12 días o multa de 1 a 2 meses (Artículo 623) y que será penada con mayor pena, de 1 a 3 meses, con la nueva redacción del Código Penal.

 

Cosa distinta ocurre con las faltas que penaban los incumplimientos familiares y que lastraban el funcionamiento de los Juzgados de Instrucción, y es que el artículo 618.2 del Código Penal castigaba con multa 10 días a 2 meses a los autores de estas faltas que consistían, por lo general, en el impago de una o dos mensualidades de la pensión de alimentos o incumplimientos en el régimen de visita de los padres divorciados o separados por sentencia firme, actuaciones que, a partir del 1 de julio, quedan despenalizadas.

 

De todos modos, cada caso merece un estudio pormenorizado, y si tienes dudas al respecto, estaremos encantados de darte la mejor asesoría legal.