Viernes, 06 Mayo 2016 00:00 Publicado en Blog

Esta pregunta hasta hace unos años era negativa, pero una de las mayores novedades en el ámbito del Derecho Penal en las últimas décadas ha sido la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El “Compliance Penal” o programa de cumplimiento normativo busca identificar los riesgos y establecer los mecanismos de control adecuados para que esos peligros no se materialicen.

 

Con el objetivo de impedir la comisión de delitos, nuestra legislación establece unas circunstancias que eximen y que atenúan la responsabilidad criminal, entre ellas se encuentra:

Que la empresa tenga un modelo de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos”.

 

Al igual que ya ocurriera con los Planes de Prevención de Riesgos Laborales o las auditorías relativas a la Ley Orgánica de Protección de Datos, los programas de cumplimiento normativo penal han de formar parte del ADN de la empresa, con independencia de su tamaño o, incluso, sector.

 

Parece evidente que existen sectores que son especialmente sensibles, como puede ser el de las Residencias Geriátricas, ya que contiene un trato humano y técnico de suma especialización.

 

Ante esta situación, el empresario y el Director de la Residencia Geriatrica ha de formularse algunas preguntas:

¿Qué consecuencias puede tener en la empresa?

Existen dos posibles consecuencias:

  • Consecuencias penales: Las penas a las que se puede condenara a la empresa son:
    • Multa
    • Disolución de la persona jurídica
    • Suspensión de sus actividades
    • Clausura de locales
    • Prohibición de realizar en el futuro actividades
    • Inhabilitación
    • Intervención judicial
  • Responsabilidad civil
    • Reparación del daño
    • Indemnización
    • Costas procesales

 

¿Lo necesita mi empresa?

Preguntémonos…

  • ¿Puede uno de mis socios contratar a un proveedor en beneficio propio?
  • ¿Mi empresa tiene el plan de prevención de riesgos laborales?
  • ¿Mis empleados manejan información confidencial de clientes?
  • ¿Mi empresa ha emitido poderes?
  • ¿Utilizo alguna “nube” para almacenar información?
  • ¿Pago o cobro algún tipo de “comisión”?
  • ¿Existe algún tipo de control ante la discriminación entre los trabajadores?
  • ¿Utilizamos sistemas informáticos “piratas”?
  • ¿Cabe la posibilidad de que algún trabajador se apropie de algún bien de un residente?
  • ¿Podría ocurrir que un trabajador lesione a un residente?
  • ¿Puede ocurrir que se realice un diagnóstico erróneo o que se aplique un tratamiento incorrecto a un residente?
  • ¿Tengo algún trabajador sin la formación adecuada?

 

Si hubo algún “sí”, podemos encontrarnos ante la comisión de un delito que puede afectar a la propia empresa y que puede, incluso, hacer peligrar su viabilidad o existencia.

 

¿Qué hace AOL Consultores Legales?

La función de nuestro Despacho será la elaboración de dicho programa de cumplimiento normativo, que contendrá:

  • Análisis de la identidad de la empresa.
  • Estudio de la organización de la empresa.
  • Estudio de los puestos de trabajo y funciones.
  • Estudio de los procesos de toma de decisiones y de contratación.
  • Estudio de la situación normativa que afecta a la empresa y al sector.
  • Análisis de riesgos concretos.
  • Valoración jurídico/ Penal
  • Protocolos de actuación
  • Establecimiento de modelos de gestión
  • Establecimiento de sistema disciplinario
  • Sistemas de control y verificación

 

¿Tienes dudas al respecto? ¿Quieres implantar este programa en tu Residencia Geriátrica o en cualquier otra empresa? No dudes en consultarnos, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para solucionar tus dudas.

 

Martes, 22 Marzo 2016 00:00 Publicado en Blog

Según el diccionario de la Real Academia Española, por indulto se entiende la “gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena”; decisión esta que en nuestro país es tomada por el Gobierno en Consejo de Ministros.

La figura del indulto se regula en una Ley que es, nada más ni nada menos de junio de 1870 y que prácticamente sigue intacta a día de hoy, 2016; no habiendo adquirido la mayoría de la sociedad conocimiento de la misma, o más bien, de cómo esta se venía aplicando, hasta el 2012; debiéndose esto principalmente a algunos más que polémicos indultos que en esos años, se produjeron y saltaron a la prensa.

Efectivamente y a pesar de que la mayoría de la sociedad permaneciéramos al margen de ello, el uso que de esta figura ha venido haciendo nuestro poder ejecutivo no puede más que calificarse de arbitrario e incluso caprichoso y despótico; bastando como ejemplo los 1.328 indultos que se concedieron el 1 de diciembre del año 2000 porque –según palabras del Ministro de Justicia de aquel entonces- se acababa el milenio, era año jubilar y el 25 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos.

Pues bien, parece que el problema de que esto venga ocurriendo –aunque bien es cierto que de una forma menos acusada desde 2013, siendo estos últimos años en los que menos indultos, y con diferencia, se han concedido desde 1996- es el hecho de que la decisión que ha de tomar el poder ejecutivo, ni tiene que ser motivada, aunque en la exposición de motivos de la Ley que lo regula si se recoge tal requisito; ni tiene por qué tener en cuenta lo que para el caso concreto determine ni el juez sentenciador ni instituciones penitenciarias.

No es ni mucho menos minoritaria la opinión que aboga por la abolición de esta institución; sin embargo, no podemos olvidar que el indulto, pese al uso que se ha hecho del mismo y que nada tiene que ver con aquel para el que fue concebido; es una institución que trata de dar respuesta a aquellas situaciones en las que debido a la estricta aplicación de las leyes, se ha producido una injusticia. Por lo que en mi opinión, se trata de una figura necesaria pero que requiere una ni mucho menos necesaria regulación renovada y que realmente ponga límites a la aplicación de la misma por pare del ejecutivo.

Así, para las últimas elecciones generales, tres de las cuatro grandes fuerzas políticas en nuestro país, incluyeron alguna referencia al indulto en sus programas electorales; manteniendo cada una de ellas una posición diferente al respecto. Así, Ciudadanos – y a pesar de que anteriormente anunciaba una línea más similar a la del PSOE- en su programa elige un sistema que sin distinguir entre tipos delictivos, exige en todos los casos, una mayor motivación y establece la imposibilidad de que el ejecutivo contradiga la opinión del tribunal sancionar o los informes técnicos. Frente a esta postura, el PSOE, si bien también incluye la necesaria motivación de los indultos, opta por excluir la posibilidad de indulto para determinados tipos delictivos; en concreto, para todos aquellos que estén vinculados a supuestos de corrupción y violencia de género. Por su parte, el PP viene a realizar una propuesta un tanto difusa y que no mucho dice al respecto, estableciendo que impulsarán una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno.

 

De todas ellas, a mi entender, quizás la mejor fórmula no sea discriminar en función del tipo delictivo sino el establecer unas línea bien definidas que poco o ningún margen de discrecionalidad puedan dejar al poder ejecutivo.

Jueves, 03 Marzo 2016 00:00 Publicado en Blog

Recientemente se ha modificado el artículo 15.3 de la Ley de Protección Jurídica del de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde el pasado 18 de agosto de 2015 que señala:

“Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.”

 

De esta forma, se incluye como un nuevo requisito para acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad sexual. Lo que se tendrá que acreditar mediante una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la acreditación del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, se realizará mediante certificado del Registro Central de Penados.

Se considerará que se cumple este requisito cuando en la certificación expedida por el Registro Central de Penados no conste antecedente alguno por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el Título VIII del Libro II del Código Penal (artículos 178 a 194), así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía (artículo 177 bis), tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea.

El certificado de antecedentes penales solo lo puede solicitar el interesado o un apoderado (requiere poder notarial). Solamente la administración pública puede solicitarlo en nombre de otros. 

El trámite es:

  • Cumplimentar el modelo
  • Abono de tasa (3,70 euros): Puede acudir con el impreso 790 cumplimentado a una entidad financiera colaboradora con la Agencia Tributaria (prácticamente todas) para efectuar la liquidación. El pago se acreditará con la validación mecánica o firma autorizada de la entidad financiera en la copia "ejemplar para la Administración" del impreso 790 que habrá de presentar en ventanilla o remitir por correo para la expedición del certificado.
  • Acompañar: Original o fotocopia compulsada del DNI, Tarjeta de Residencia, Pasaporte, Carnet de conducir o documento de identificación comunitario o equivalente, en vigor, de la persona respecto de la que se solicita la certificación, siempre que el documento presentado permita identificar fehacientemente a ésta.

 

Lo más cómodo es solicitarlo por correo, pero hay que sustituir los documentos de identificación originales por fotocopias cotejadas a:

 

Los certificados solicitados por correo se remitirán gratuitamente a la dirección indicada en el modelo 790, en el apartado "Identificación".

 

Cuando la solicitud se realiza por correo, por lo general el certificado se emite en un plazo no superior a 3 días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud, si bien hay que prever que en algún momento se precise untiempo mayor que no debería superar en todo caso los 10 días hábiles desde su recepción, que es el plazo legal que la Administración tiene para dicha expedición.

 

¿Tienes dudas? ¿Necesitas más información? ¡No dudes en consultarnos!

Miércoles, 25 Noviembre 2015 00:00 Publicado en Blog

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora –que no celebra- el Día Internacional contra la Violencia de Género, lacra que sigue azotando a nuestra sociedad y que ha supuesto la muerte a manos de sus parejas o ex parejas de 48 mujeres en lo que llevamos de año.

 

Sin lugar a dudas, las cifras son estremecedoras, y el hecho de que el combate legal haya obtenido relativamente buenos resultados, pues desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer en 2004 la disminución de víctimas ha sido de un 24%, no es óbice para que cada semana tengamos que lamentar esta realidad social.

 

Pero al igual que cualquier problema social, y la violencia machista lo es, la lucha contra él no puede ser exclusivamente judicial, sino que requiere de prevención desde la infancia, enseñando a nuestros hijos a vivir en una sociedad igualitaria y justa, y requiere campañas de concienciación entre los distintos estratos sociales.

 

Los recortes sufridos en materia de prevención y lucha contra la violencia de género sufridos en estos últimos años no es el modo de terminar con este azote, pues solo con el compromiso de toda la sociedad y de los poderes públicos a la cabeza, se podrá erradicar esta situación actual.

 

Desde nuestro compromiso como abogados también hemos de aportar soluciones, desde la facilitación de información y asesoría, hasta nuestra comprensión y empatía.

 

Por ello, solo la acción conjunta será efectiva.

 

Si te encuentras en una situación en la que creas que puedes ser objeto de violencia machista, no dudes, denuncia, bien a través del teléfono 016 (no aparece en la factura telefónica) o a través de la policía o de tu abogado.

 

No estás sola.