Lunes, 06 Junio 2016 00:00 Publicado en Blog

Hoy es un día extraño para los abogados penalistas, por un lado, estamos contentos por nuestros clientes, por otro, profundamente tristes por el estado de la Justicia y el motivo de nuestras alegrías.

 

El motivo de esta sensación doble y, en cierto modo, incompatible no es otro que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otras cuestiones, fijaba un plazo máximo para investigar judicialmente la existencia o no de delito.

 

Dicho plazo máximo se fijaba en 6 meses, y si bien es cierto, en dicho tiempo debería bastar para finalizar la fase de instrucción, la realidad es que si no se dotaba de más medios a la Administración de Justicia, ese plazo se convertía en imposible de cumplir.

 

A lo largo de estos meses las fiscalías han presentado escritos -meros formularios en su mayoría- solicitando que las causas se considerasen "complejas" con el consiguiente aumento hasta los 18 meses en el plazo de investigación. Pero si la Administración de Justicia necesita medios, la Fiscalía está en igual situación, y ello ha llevado a que muchas causas (se habla de miles) han quedado sin revisar y que muchos juzgados han aplicado de forma correcta el nuevo precepto legal y no han ampliado el plazo.

 

Consecuencia de esta situación es que los abogados defensores hemos presentado entre en estos días miles de escritos solicitando el sobreseimiento y archivo de los procedimientos.

 

Bien es cierto que la ley no señala que en caso de que finalizado el plazo de instrucción deba proceder el sobreseimiento y archivo, pero la ley solo deja dos opciones, y la otra es que haya juicio.

 

Ambas resoluciones son perjudiciales para el acusador o perjudicado, ya que aunque haya juicio, si la fase de instrucción no está bien realizada y no se ha completado, las posibilidades de éxito y de ver resarcidas sus pretensiones son menores.

 

Obviamente, esto se multiplica en sus consecuencias en las causas realmente complejas, las cuales, con estos plazos, quedarán, en un alto porcentaje impunes.

 

Así que nos encontramos ante una especie de “Efecto 2000” jurídico, cuyas consecuencias solo las veremos dentro de unos meses, aunque todo parece que serán tremendas.

Viernes, 30 Octubre 2015 00:00 Publicado en Blog

Antes de iniciar esta reflexión me veo obligado a dos confesiones, la primera que soy hincha del Real Madrid, lo que explica en parte el título del post, y la segunda es que, pese a mis "colores" la pregunta sirve igual para tantos y tantos casos recientes de fraude fiscal en el ámbito del deporte y, más en concreto, del fútbol.

 

El caso de Mascherano, jugador del F.C Barcelona, se resume en que este ha sido denunciado por la Fiscalía por un presunto caso de Delito contra la Hacienda Pública penado por nuestro Código Penal con penas de 1 a 5 años de prisión para aquel que defraude mas de 120.000 euros. La concreta denuncia viene a señalar que el Sr. Mascherano defraudó 1,5 millones de euros, es decir, más de 10 veces lo recogido en el tipo penal como límite mínimo de defraudación.

 

Así las cosas, según recibe el denunciado la denuncia de la Fiscalía este procede a hacer un ingreso inmediato de la cuantía defraudada y de los intereses correspondientes, para acto seguido, en su declaración como investigado ante el Juez de Instrucción reconocer abiertamente y sin tapujos que, en efecto, defraudó dicha cantidad.

 

Ante esta situación, el proceso tiende a su fin, terminando con un escrito de acusación por parte de la Fiscalía en el cual solicitarán una pena de prisión inferior a dos años.

 

Aquí viene la disyuntiva. Tanto clientes como medios de comunicación equiparan de forma automática una pena de prisión inferior a dos años a la nada, a la sustitución automática, sin embargo, desde mi posición de jurista, he de decir que nada más alejado de la realidad.

 

Es cierto que, estadísticamente, las penas de prisión inferiores a dos años quedan en suspenso, ya que por política criminal el Estado considera que una pelea entre muchachos por muy reprochable penalmente que sea no debe concluir con una privación de libertad de esas características, máxime cuando las penas en España son extremadamente duras para ciertos delitos muy habituales en nuestro país.

 

Sin embargo, el Código Penal lo que señala es que esas penas PUEDEN (siempre pensé que deberían haberlo puesto en mayúscula también en el código) quedar en suspenso si además de ser inferior a dos años de prisión, se trata del primer delito y se paga la responsabilidad civil derivada del delito.

 

Como podemos observar, Mascherano cumplirá con las tres condiciones para que su pena PUEDA quedar en suspenso, pero la pregunta es ¿DEBE quedar en suspenso?

 

Hemos de observar que nos encontramos ante un millonario que, en afán de mayor lucro y riqueza defrauda a los españoles - sí, a ti y a mi- la nada despreciable cantidad de 1,5 millones de euros y que cuando le descubren, dado que es millonario, al día siguiente paga lo defraudado en la expectativa de que aquí no pase nada.

 

Creo esto no debe ser así, creo que el hecho de ser millonario no ha de excluir las obligaciones ya no solo fiscales, sino morales y de comportamiento. ¿Qué imagen estamos dando como país si permitimos que los delincuentes confesos por el mero hecho de ser ricos queden impunes?

 

Creo que ya sea Mascherano, ya sea Messi, Neymar o cualquier jugador de otro equipo, o ya sea cualquier artista - también hay casos- de esta notoriedad, fama y poder adquisitivo, ha de ser consciente de que las leyes están para cumplirlas y que su dinero no les exime de su cumplimiento la mejor forma de ello es hacérselo notar.

 

 

 

Lunes, 13 Julio 2015 00:00 Publicado en Blog

Ayer fue el día de la Justicia Gratuita, y desde mi experiencia, quería haceros partícipes de mis opiniones al respecto de la misma y de la labor que desempeñamos miles de abogados de oficio.

En 2011 cuando abrí este Despacho y cogí las riendas de mi futuro profesional, una de mis primeras decisiones fue inscribirme al turno de oficio penal. La materia en la cual ejercer estaba clara desde el principio, mi mayor vocación es el Derecho Penal y era ahí donde sentía que podía ser de más utilidad, y me inscribí en prácticamente todos los turnos en que podía, dando cobertura a todas las instancias posibles.

No voy a negar que tenía dos motivaciones, una primera vocacional, amo esta profesión y creo en la labor del abogado como una función social, y lógicamente, un letrado que acaba de abrir un despacho profesional también busca nuevos clientes y nuevos contactos, pues lo cortés no quita lo valiente.

Cuatro años después he de decir que el que quiera hacer negocio debe buscarlo fuera del turno de oficio. La retribución es mísera, para que os hagáis una idea, una guardia que exige una disponibilidad real de 36 horas se remunera con 144 euros. Sí, 4 euros a la hora.

Si en esa guardia te designan alguna intervención, siempre inferior a cinco por guardia, si te haces cargo de todo el proceso percibirás por cada una de las designaciones una media de 300 euros por todo el procedimiento, dando igual que sea una alcoholemia que un homicidio, abusos sexuales, que el proceso sea largo o corto, que esté cerca o lejos o que tengas que ir a prisión una o diez veces.

A estas alturas entenderán que no lo hacemos por dinero.

Lo más duro de una guardia del turno de oficio penal no son las esperas, los desplazamientos o las dificultades técnicas en que te puedas encontrar. Lo más duro de la guardia es darte cuenta de que en tu ciudad, a escasos metros de donde tú vives, existen realidades que desconoces, necesidades que ni imaginas, y es a esas necesidades a las que los abogados del turno de oficio damos respuesta.

Sin nuestra intervención, la desprotección de los ciudadanos sería inimaginable. Sin la intervención, casi, desinteresada de este grupo de profesionales desaparecería nuestro actual Estado de Derecho, tal y como lo conocemos.

Esto no quita que, como escuché ayer, en ocasiones haya compañeros que conocen a su cliente momentos antes del juicio, esto no quita para que, en ocasiones, la comunicación con el cliente no sea tan fluida como debiera. Pero son cuestiones mínimas que hay que pulir y mejorar, pero que nunca pueden empañar la función del colectivo.

En lugar de celebraciones y loas todos, ciudadanos y juristas, deberíamos trabajar para que la Justicia Gratuita sea tan digna como cualquier otra, no nos hemos de conformar, hemos de exigir, todos, más y mejor calidad.

 

 

 

Martes, 02 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

Han transcurrido poco más de dos días desde la final de la Copa del Rey de fútbol y de lo único que se sigue hablando en este país es de eso, y, sorprendentemente no del evento deportivo, sino de la sonora pitada al himno nacional que se produjo en el previo al partido.

 

Al ser este un tema polémico, todos tenemos una opinión, la mía es muy sencilla y se limita a dos consejos que me daban de pequeño “no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti” y “tu libertad acaba donde empieza la del vecino”.

 

Pero el objeto de este “post” no es dar mi opinión al respecto de la pitada sino analizar un aspecto que he venido escuchando en estos días y es si la pitada en sí es ilícita.

En primer lugar, el Código Penal en su artículo 543 recoge y pena los “ultrajes a España”:

Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.

Si observamos el elemento nuclear del tipo y la propia definición de la Real Academia de la Lengua del verbo “ultrajar” (1.tr. Ajar o injuriar. 2. tr. Despreciar o tratar con desvío a alguien) podemos deducir que nos encontramos ante un tipò  de injurias en el cual el ofendido, en lugar de ser un particular es el Estado y sus símbolos.

Esto nos ha de llevar a la lógica ponderación de qué se ha de considerar una injuria, toda vez que si bien no es un término científico o no existe un “medidor de ofensas” tampoco puede entender el legislador que sea un término subjetivo toda vez que a cada uno le ofende una cosa distinta.

 

 

Según establece de forma pacífica la Doctrina, la acción ha de tener un significado objetivamente ofensivo, según los parámetros sociales en los que la expresión se vierta y es imprescindible que exista la intención de injuriar (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1991).

 

 

También señala la Jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo 278/95 de 28 de febrero de 1995) que hay que estar no solo al valor de las palabras o expresiones proferidas, sino que, dado el carácter eminentemente intencional de este delito, habrá de atenderse y estimarse las circunstancias concurrentes en cada supuesto, realizando un ponderado y reflexivo análisis de los factores coexistentes capaces de hacer incardinar la conducta examinada en la figura penal de la injuria.

 

 

Como podemos observar, hay que atender a cada caso concreto y examinar muy minuciosamente sus particularidades, mi opinión, es que dado que la posible injuria no la constituye el hecho de que una única persona lo hiciera sino en el hecho de que fuera un acto conjunto, no cabría la posibilidad de considerarse como hecho punible, ello por no hablar de lo inidóneo que resultaría para los símbolos patrios el buscar la represión penal de manifestaciones -desafortunadas- como las ocurridas.

 

 

Sin perjuicio de que el “nivel de patriotismo” es libre, hemos de observar también qué  ocurre en otros países, y nos ha de llamar en especial la atención EEUU, país que -todos estaremos de acuerdo- no se puede poner en duda que tiene en alta estima sus símbolos. Pues bien, el Tribunal Supremo en 1989 afirmó que quemar una bandera no es inconstitucional y que el Gobierno no puede prohibir la expresión de opiniones porque no esté de acuerdo con ellas.


Pues bien, no seamos “más papistas que el Papa” y reflexionemos, si todos -incluido este “post”- no hubiéramos dado la importancia a la pitada que, en el fondo, no la tiene, en la próxima final la misma no se produciría.

 

 

 

Imagen de La Sexta