Martes, 10 Octubre 2017 00:00 Publicado en Blog

La Consejería de Empleo y Política Sociales del Ejecutivo regional de Canarias está impulsando una iniciativa que se pretende llevar al Congreso de los Diputados, para que se modifique el Código Penal y se considere "un delito" abrir Residencias Geriátricas "que no reúnan las condiciones idóneas o que puedan provocar un auténtico maltrato físico", según ha señalado en la SER el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil (entrevista aquí).

No obstante, sin perjuicio de que el sector de las Residencias Geriátricas está amparado por una estricta legislación administrativa que vela por el correcto trato y las condiciones de los mismos, nuestro Código Penal también persigue determinados hechos que pueden ocurrir en Residencias Geriátricas.

 

El artículo 229 del Código Penal señala que:

1. El abandono de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.

2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave”.

 

Este tipo penal viene a proteger a personas que requieren especial cuidado de un eventual desamparo doloso que les provoque una situación que pueda, incluso, afectar a su supervivencia.

Si bien es importante resaltar que la Residencia Geriátrica no tendría responsabilidad como persona jurídica, ello no eximiría de responsabilidad al Administrador, al igual que también existiría responsabilidad civil derivada del delito.

Desde AOL Consultores Legales estamos elaborando una “Guía de gestión responsable de Residencias Geriátricas” para nuestros clientes y agentes del sector, no dudes en solicitárnosla y en consultar nuestros Planes de Cumplimiento Normativo.

Martes, 03 Octubre 2017 00:00 Publicado en Blog

Sin duda el sector de las Residencias Geriátricas es un sector sensible, ya que no solo trata con personas, sino que trata con personas dependientes, cuya salud suele ser generalmente frágil y cuyos cuidados han de ser especialmente atentos.

El problema de estos sectores sensibles es que la figura de la responsabilidad planea sobre él, por eso, desde AOL Consultores Legales estamos trabajando en una “Guía de gestión responsable de Residencias Geriátricas” para nuestros clientes y agentes del sector.

Es frecuente que cuando el responsable de una Residencia Geriátrica piense en el término “responsabilidad” solo piense en “responsabilidad médico/ asistencial”, pero la realidad es que existen otras que no hemos de olvidar.

-         - Responsabilidad de la empresa: Nuestro Código Penal incluyó en 2011 la responsabilidad penal de la empresa. Esta introducción es sin lugar a dudas uno de los aspectos más novedosos en términos legislativos en los últimos años.

Es necesario aclarar que las empresas no pueden “cometer” todo tipo de ilícitos penales, sino que se encuentran tasados en nuestro Código Penal, y aunque “a priori” parezca que son de difícil casuística, hay que elaborar los planes de prevención adecuados para evitarlos:

- Tráfico de Órganos;

- Trata de seres humanos;

- Acceso ilícito a datos y procesos informáticos;

- Estafa;

- Utilización de información privilegiada;

- Delitos contra la salud pública y despacho ilegal de medicamentos o adulteración de alimentos y bebidas;

-          - Responsabilidad del Administrador: Nuestro Código Penal establece que el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. Es decir, que si desde una empresa se comete algún ilícito penal, el Administrador responderá personalmente de dichos actos.

-             - Responsabilidad civil derivada del delito: Además de las personas penalmente responsables, también responden civilmente:

-          Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

-          Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

-          Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.

Este tipo de responsabilidad por tanto no es baladí en una Residencia Geriátrica, y ha de ser valorada debidamente en los oportunos planes de Prevención de Cumplimiento Normativo.

Si tienes dudas o si necesitas asesoramiento sobre Residencias Geriátricas, no dudes en consultarnos, te ayudaremos.

Viernes, 04 Noviembre 2016 00:00 Publicado en Blog

Esta pregunta nos la hacen cada vez más empresas de todos los sectores, pero, evidentemente, el sector sociosanitario se encuentra preocupado.

 

Esta preocupación por parte de Residencia Geriátricas o Centros de Día es natural, pues como cada es más conocido, desde la reforma del Código Penal de 2010 las personas jurídicas pueden ser autoras de ilícitos penales.

 

No obstante, es importante recalcar que los delitos que puede cometer la persona jurídica están tasados, pero ello no limita del todo el riesgo jurídico de las empresas del sector.

 

Y es que determinadas actuaciones de sus administradores o incluso de sus trabajadores pueden determinar la concurrencia de responsabilidad, no solo penal, pero sí civil; con el riesgo para la sostenibilidad y viabilidad de la empresa que ello puede conllevar.

 

Nuestro Código Penal establece como circunstancia eximente y, en su defecto, atenuante de la responsabilidad criminal el hecho de que la empresa haya establecido un Plan de Prevención de Riesgos Penales, también llamado Compliance Penal, cuya implantación suponga por sí misma una minoración efectiva de los riesgos de comisión de ilícito penal en el seno de la organización empresarial, sin la obligación de que dicho programa sea infalible, ya que tal exigencia sería imposible.

 

Estos programas de prevención son lo que se podría denominar "un traje a medida" pues el mismo ha de ser elaborado atendiendo a las particularidades no sólo de cada sector empresarial sino también a cada organización.

 

Para la elaboración del modelo de organización y gestión habrá que estudiar en profundidad la empresa así como su organización y relación con terceros para situar el alcance normativo y las actividades de riesgo en que pudiera incurrir.

 

El objeto de la creación de este mapa de riesgos es establecer un modelo de organización y gestión del cual puedan ser informados los Administradores, Directivos y empleados, asimismo todos los agentes implicados recibirán la formación necesaria para comprender cuáles son los principios y valores de la entidad y los procedimientos generados para garantizar su estricto cumplimiento.

 

Para la elaboración del proyecto habrá que:

  1. Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.
  3. Establecer los modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos.
  4. Habilitar canales que permitan la comunicación de posibles riesgos, incidencias o incumplimientos.
  5. Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  6. Establecer un modelo de seguimiento del cumplimiento del plan de prevención.

 

Si tienes alguna duda al respecto o quieres recibir más información, no dudes en consultarnos.