Lunes, 26 Junio 2017 00:00 Publicado en Blog

El pasado sábado se celebró en Madrid el multitudinario concierto de Alejandro Sanz en el estadio Vicente Calderón, concierto que se vio afectado –llegó incluso a empezar con retraso- por una importante cantidad de entradas falsificadas (http://www.elmundo.es/cultura/2017/06/25/594ee3bd268e3e1c1f8b45ac.html) que, además de un importante perjuicio económico, dieron al traste con las ilusiones de muchos seguidores del artista.

 

Esto que pudiera parecer una anécdota en realidad supone unos hechos penalmente perseguibles ya que suponen dos ilícitos penales.

 

Por un lado, suponen un delito de falsedad en documento privado, ya que nuestro Código Penal prevé penas de hasta dos años para quien “simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”.

 

Igualmente nos podemos encontrar ante un delito leve de estafa en caso de que se hubiera pagado por las entradas más de 400 euros y, dependiendo de las circunstancias, podríamos estar ante un delito de estafa que pudiera acarrear penas de prisión de hasta tres años.

 

En las últimas horas hemos recibido diferentes consultas por parte de perjudicados y vamos a iniciar acciones penales contra, al menos, una persona. Si eres perjudicado y quieres iniciar las oportunas acciones, consúltanos.

Jueves, 04 Mayo 2017 00:00 Publicado en Blog

La crisis económica ha dado lugar a una nueva realidad social, y es el fenómeno de la usurpación de viviendas vacías por familias en estado de necesidad.

 

Esta situación, como es por otro lado natural, preocupa sobremanera al sector inmobiliario, pues puede producirse la situación que, debido a la ralentización del mercado en las ventas, las viviendas construidas puedan permanecer un tiempo vacías, con el consiguiente riesgo.

 

Ante una situación de usurpación de una vivienda, si bien el Derecho Penal ha de ser considerado como la última vía debido a su propia configuración, la realidad es que a la hora de la verdad es la jurisdicción más ágil, si es que hay alguna que sea merecedora de tal adjetivo.

 

Establece el Artículo 245.2 del Código Penal que:

"El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

Si observamos el tipo penal, observamos que sus elementos son claros:

? Requiere la ocupación sin autorización debida”.

? Requiere en su defecto que los denunciados “Se mantengan en la vivienda contra la voluntad de su titular”: Esto a su vez requiere que el titular de la vivienda manifieste de forma fehaciente e inequívoca su deseo de que los ocupantes abandonen la vivienda.

 

Esto nos lleva a que el propietario de la vivienda, antes del inicio de la acción penal, ha de notificar de forma fehaciente al ocupante su deseo firme y sin ambages de que abandone la vivienda, no debiendo existir entre ambos ningún vínculo contractual.

 

Al igual que en todo conflicto, la estrategia a adoptar es fundamental, de ahí que la labor preventiva del asesor jurídico sea determinante para el buen fin del mismo, por tanto, o dudes en consultarnos y en asesorarte debidamente.

Miércoles, 05 Abril 2017 00:00 Publicado en Blog

Si tuviéramos que contestar de forma rápida, la primera respuesta sería “sí, claro”, máxime cuando a lo largo de la semana venimos escuchando noticias sobre el “Caso Eldense”, en el cual, por el supuesto amaño de un partido de la Segunda División B, se han producido diversas detenciones.

Nuestro Código Penal introdujo en su reforma del 2010 la figura de la denominada ”Corrupción entre particulares” que buscaba, sin éxito como veremos, el castigar ciertos compartimientos delictivos que pudieran afectar al ámbito privado, incorporándose la esfera del deporte.

La actual redacción de dicho artículo señala:

1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.

 

Si observamos bien el tipo penal, podemos ver que únicamente pueden ser sujetos activos los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, así como los deportistas, árbitros o jueces, lo que deja impunes conductas tales como la compra de partidos por particulares, es decir, el Código Penal deja impune el que, en estos momentos, parece uno de los mayores peligros para el mundo del deporte, las apuestas y los intereses de mafias en la compra de resultados. Esto nos lleva a que el delito sólo lo cometería el sujeto relacionado a la actividad deportiva y solo el que haya “recibido, solicitado o aceptado”, dejando fuera a uno de los principales actores en un amaño, es decir, al que “compra” el resultado.

También deja fuera las conductas cometidas fuera del ámbito del deporte profesional, lo que afecta de forma considerable al “caso Eldense”, ya que el propio Código Penal recoge tras la última reforma qué considera como “competición deportiva de especial relevancia” y deja expresamente fuera a la Segunda División B del fútbol español, toda vez que no se trata de la “competición oficial de la máxima categoría de la modalidad”, lugar en el cual, según diversas noticias de prensa, se están produciendo de forma –casi generalizada- el amaño de partidos.

Por tanto, si bien la introducción de este tipo penal obedece al crecimiento exponencial, entre otros, de las apuestas deportivas y del riesgo que las mismas conllevan en la práctica del deporte profesional, deja de lado un importante “nicho de mercado” para el fraude como es la Segunda División B.

Manuel Quintanar, en su etapa de Director de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) señaló que "los fenómenos datados y registrados al respecto de estos fenómenos fraudulentos son solo la punta del iceberg. No puede medirse la eficacia en la persecución por los casos registrados, ya que no representa la realidad de este mercado".


Para explicar la naturaleza del fraude deportivo, el director del Departamento de Integridad de la LFP señalaba que "a menudo el deportista, en nuestro caso el futbolista, es una víctima. Son los entornos los que hacen que estos delitos se lleve a cabo".


Para explicar las causas del aumento del fraude, Quintanar cuantificó en un dos por ciento el PIB mundial relacionado, directa o indirectamente, con el fútbol: "El mercado de las apuestas ha generado una significativa economía sumergida que vincula crimen y deporte". Quintanar también señala que la infraestructura de las competiciones puede facilitar el germen de este tipo de delitos.


Países como Australia, Noruega y Dinamarca han logrado reducir las anomalías en apuestas deportivas gracias a la aplicación de métodos de prevención y persecución eficaces como el Betting Fraud Detection System de UEFA, al que los expertos se refieren como "es el que más frecuentemente detecta alarmas, pero no es el único y no las detecta todas. La monitorización de las apuestas resulta una inversión de presupuesto necesaria".

 

En cualquier caso, bien sea mediante esta figura, bien mediante otras, se impone la lógica de preservar de la acción delictiva el ámbito del deporte, ya no solo por los valores que se le presuponen, sino debido a que, además, en las dos últimas décadas se ha configurado como un mercado económico importantísimo, en el cual la diferencia entre mantener o no la categoría en una liga trae aparejado, además del éxito o fracaso deportivo, el éxito o fracaso económico de Sociedades Anónimas Deportivas, su viabilidad, la posible insolvencia (incluso con responsabilidad personal de los administradores) y poder encontrarse con una fuerte respuesta penal en contra.

 

Viernes, 20 Enero 2017 00:00 Publicado en Blog

Se atribuye a Voltaire la frase: "No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Sin duda Voltaire, como defensor de unos incipientes Derechos ciudadanos y como defensor de la esencia de la abogacía, era plenamente consciente de la importancia del Derecho, constitucionalmente reconocido en nuestro país, de la libertad de expresión.

Sin embargo, más de 300 años después, en nuestro país, y pese a que dicho Derecho se protege en nuestro artículo 20, corren malos tiempos para este Derecho.

 

Os pongo algunos ejemplos:

1. La Fiscalía pide dos años de prisión a una chica por contar chistes sobre Carrero Blanco.

2. El Tribunal Supremo condena a César Strawberry a un año de prisión por comentarios que son considerados como enaltecimiento del terrorismo.

3. La Audiencia Nacional acuerda prisión provisional sin fianza para unos titiriteros que, en su actuación, mostraban un mensaje dentro de la trama de la función, en el cual se leía "gora alka ETA".

En primer lugar, hay que hacer obligada referencia al precepto penal que, pretende, justificar, estas decisiones judiciales, el artículo 578 del Código Penal establece que:

“El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57”.

 

Este precepto, al igual que todos los que componen nuestro ordenamiento penal, exigen para su aplicación no solo de elementos objetivos sino también subjetivos, extremos que han de ser debidamente atemperados por el principio de intervención mínima del Derecho Penal, me explico:

- Para que se pueda considerar la comisión de un delito tienen que producirse los hechos que persigue el precepto penal.

- Para que se pueda considerar la comisión de un delito, también tiene que concurrir que el autor quiera y persiga el resultado.

- El Principio de intervención mínima del Derecho Penal viene a señalar que, en palabras llanas, que esta jurisdicción solo entrará a conocer en los supuestos especialmente relevantes o cuando se ponga en grave peligro los bienes jurídicos protegidos, en este caso, la dignidad de las víctimas.

 

Así las cosas, tengo tres reflexiones que compartir con vosotros:

1. ¿Se han cometido los actos típicos? Pudiera ser que sí, ya que esto, al igual que todo –o por lo visto casi todo- es opinable.

2. ¿Pretendían los autores enaltecer el terrorismo o humillar a las víctimas? Aquí la respuesta es obviamente subjetiva. En los casos de la tuitera y los titiriteros, dado que son personas sin relevancia pública y política, parece, cuanto menos, dudoso. Máxime cuando nos encontramos en un entorno socio político en el cual la banda terrorista ETA fue derrotada hace ahora más de cinco años. A esto hay que añadir que, al igual que ya hiciera Irene Villa ante los ¿chistes? del Concejal Zapata, los familiares de, por ejemplo Carrero Blanco, no se han mostrado ofendidos. Quizá sea especial el caso de César Strawberry, quien si bien es cierto que tiene relevancia pública debido a su notoriedad como cantante de Def Con Dos, la realidad es que no se ha caracterizado, más bien al contrario, como afín al grupo terrorista ETA, recordemos que Strawberry publicó un artículo en Diario 16 en enero de 2001 en el que pedía la desaparición de la banda terrorista ETA.

3. El humor, aunque sea de mal gusto o no nos haga gracia, la sátira, la crítica, la burla, son elementos fundamentales de una sociedad madura y democrática. Cuando hace dos años unos terroristas entraron en la revista Charlie Ebdo y dispararon y asesinaron a sus cómicos, Europa fue un clamor en la defensa de estos derechos y en la defensa de estos cómicos, cuyo trabajo se caracteriza por llevar al extremo estos conceptos de "humor" y sátira. Resulta evidente que el Derecho a la Libertad de Expresión, como todos los Derechos, tiene límites que se han de respetar, la duda o crítica que quien firma hace, es que dichos límites encuentren frontera en el Derecho Penal y que, por muy de mal gusto que sean las expresiones de su autor, la consecuencia de estos nunca debe ser la privación de libertad, sin duda, nuestro más precioso bien.