Martes, 10 Octubre 2017 00:00 Publicado en Blog

La Consejería de Empleo y Política Sociales del Ejecutivo regional de Canarias está impulsando una iniciativa que se pretende llevar al Congreso de los Diputados, para que se modifique el Código Penal y se considere "un delito" abrir Residencias Geriátricas "que no reúnan las condiciones idóneas o que puedan provocar un auténtico maltrato físico", según ha señalado en la SER el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil (entrevista aquí).

No obstante, sin perjuicio de que el sector de las Residencias Geriátricas está amparado por una estricta legislación administrativa que vela por el correcto trato y las condiciones de los mismos, nuestro Código Penal también persigue determinados hechos que pueden ocurrir en Residencias Geriátricas.

 

El artículo 229 del Código Penal señala que:

1. El abandono de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.

2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave”.

 

Este tipo penal viene a proteger a personas que requieren especial cuidado de un eventual desamparo doloso que les provoque una situación que pueda, incluso, afectar a su supervivencia.

Si bien es importante resaltar que la Residencia Geriátrica no tendría responsabilidad como persona jurídica, ello no eximiría de responsabilidad al Administrador, al igual que también existiría responsabilidad civil derivada del delito.

Desde AOL Consultores Legales estamos elaborando una “Guía de gestión responsable de Residencias Geriátricas” para nuestros clientes y agentes del sector, no dudes en solicitárnosla y en consultar nuestros Planes de Cumplimiento Normativo.

Martes, 03 Octubre 2017 00:00 Publicado en Blog

Sin duda el sector de las Residencias Geriátricas es un sector sensible, ya que no solo trata con personas, sino que trata con personas dependientes, cuya salud suele ser generalmente frágil y cuyos cuidados han de ser especialmente atentos.

El problema de estos sectores sensibles es que la figura de la responsabilidad planea sobre él, por eso, desde AOL Consultores Legales estamos trabajando en una “Guía de gestión responsable de Residencias Geriátricas” para nuestros clientes y agentes del sector.

Es frecuente que cuando el responsable de una Residencia Geriátrica piense en el término “responsabilidad” solo piense en “responsabilidad médico/ asistencial”, pero la realidad es que existen otras que no hemos de olvidar.

-         - Responsabilidad de la empresa: Nuestro Código Penal incluyó en 2011 la responsabilidad penal de la empresa. Esta introducción es sin lugar a dudas uno de los aspectos más novedosos en términos legislativos en los últimos años.

Es necesario aclarar que las empresas no pueden “cometer” todo tipo de ilícitos penales, sino que se encuentran tasados en nuestro Código Penal, y aunque “a priori” parezca que son de difícil casuística, hay que elaborar los planes de prevención adecuados para evitarlos:

- Tráfico de Órganos;

- Trata de seres humanos;

- Acceso ilícito a datos y procesos informáticos;

- Estafa;

- Utilización de información privilegiada;

- Delitos contra la salud pública y despacho ilegal de medicamentos o adulteración de alimentos y bebidas;

-          - Responsabilidad del Administrador: Nuestro Código Penal establece que el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. Es decir, que si desde una empresa se comete algún ilícito penal, el Administrador responderá personalmente de dichos actos.

-             - Responsabilidad civil derivada del delito: Además de las personas penalmente responsables, también responden civilmente:

-          Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.

-          Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.

-          Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.

Este tipo de responsabilidad por tanto no es baladí en una Residencia Geriátrica, y ha de ser valorada debidamente en los oportunos planes de Prevención de Cumplimiento Normativo.

Si tienes dudas o si necesitas asesoramiento sobre Residencias Geriátricas, no dudes en consultarnos, te ayudaremos.

Lunes, 26 Junio 2017 00:00 Publicado en Blog

El pasado sábado se celebró en Madrid el multitudinario concierto de Alejandro Sanz en el estadio Vicente Calderón, concierto que se vio afectado –llegó incluso a empezar con retraso- por una importante cantidad de entradas falsificadas (http://www.elmundo.es/cultura/2017/06/25/594ee3bd268e3e1c1f8b45ac.html) que, además de un importante perjuicio económico, dieron al traste con las ilusiones de muchos seguidores del artista.

 

Esto que pudiera parecer una anécdota en realidad supone unos hechos penalmente perseguibles ya que suponen dos ilícitos penales.

 

Por un lado, suponen un delito de falsedad en documento privado, ya que nuestro Código Penal prevé penas de hasta dos años para quien “simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”.

 

Igualmente nos podemos encontrar ante un delito leve de estafa en caso de que se hubiera pagado por las entradas más de 400 euros y, dependiendo de las circunstancias, podríamos estar ante un delito de estafa que pudiera acarrear penas de prisión de hasta tres años.

 

En las últimas horas hemos recibido diferentes consultas por parte de perjudicados y vamos a iniciar acciones penales contra, al menos, una persona. Si eres perjudicado y quieres iniciar las oportunas acciones, consúltanos.

Jueves, 04 Mayo 2017 00:00 Publicado en Blog

La crisis económica ha dado lugar a una nueva realidad social, y es el fenómeno de la usurpación de viviendas vacías por familias en estado de necesidad.

 

Esta situación, como es por otro lado natural, preocupa sobremanera al sector inmobiliario, pues puede producirse la situación que, debido a la ralentización del mercado en las ventas, las viviendas construidas puedan permanecer un tiempo vacías, con el consiguiente riesgo.

 

Ante una situación de usurpación de una vivienda, si bien el Derecho Penal ha de ser considerado como la última vía debido a su propia configuración, la realidad es que a la hora de la verdad es la jurisdicción más ágil, si es que hay alguna que sea merecedora de tal adjetivo.

 

Establece el Artículo 245.2 del Código Penal que:

"El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

Si observamos el tipo penal, observamos que sus elementos son claros:

? Requiere la ocupación sin autorización debida”.

? Requiere en su defecto que los denunciados “Se mantengan en la vivienda contra la voluntad de su titular”: Esto a su vez requiere que el titular de la vivienda manifieste de forma fehaciente e inequívoca su deseo de que los ocupantes abandonen la vivienda.

 

Esto nos lleva a que el propietario de la vivienda, antes del inicio de la acción penal, ha de notificar de forma fehaciente al ocupante su deseo firme y sin ambages de que abandone la vivienda, no debiendo existir entre ambos ningún vínculo contractual.

 

Al igual que en todo conflicto, la estrategia a adoptar es fundamental, de ahí que la labor preventiva del asesor jurídico sea determinante para el buen fin del mismo, por tanto, o dudes en consultarnos y en asesorarte debidamente.