Lunes, 27 Abril 2015 00:00 Publicado en Blog

En los últimos días he podido ver en televisión dos situaciones que me han llamado especialmente la atención, como son las detenciones de Rodrigo Rato (16 de abril) y de una activista de Femen -@FemenSpain (23 de abril).

20150429 Rato   20150429 Femmen

Como pueden ver en las fotografías de arriba, ninguna de dichas detenciones se acoge a lo previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es que hemos de abstraernos del delito presuntamente cometido y observar el propio acto de la detención y privación de libertad.

En el caso de Rodrigo Rato, nos encontramos ante una persona de sobra conocida, con trabajo y domicilio conocido y a la cual se le imputan unos delitos que, si bien son graves, no resultan de especial peligrosidad, al menos para la integridad de las personas. De ahí que su detención no sea acorde a derecho, toda vez que infringe los artículo 490 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no hablar de la forma en que se produce, es decir, previo aviso a la prensa y con ademanes innecesarios como es la mano en el cuello.

No en vano, hemos de recordar que nuestra legislación establece que “la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”, lo que en ningún caso ocurre en este supuesto.

Por otro lado, nos encontramos ante la detención de una joven que, como se puede observar en el video, se acerca a nuestro Ministro del Interior, D. Jorge Fernández, y con el torso desnudo le grita: “Protestar no es ilegal”.

Acto seguido, observamos como dos policías nacionales, desoyendo nuestra legislación penal, proceden a detenerla de forma, como se observa en el video, innecesariamente dura, toda vez que la esposan poniéndole la rodilla en la nuca.

Les aseguro que he revisado el Código Penal de arriba a abajo y no encuentro el ilícito penal que pudiera haber cometido y que justificase su detención en virtud del artículo 17 de la Constitución Española y 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero es más, podemos revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, y observaremos que tampoco nos encontramos ante un ilícito administrativo ¿por qué se la detiene entonces? ¿Quién repara ese daño?

Es cierto que nos encontramos en un momento convulso en nuestra sociedad debido a la tremenda crisis que estamos sufriendo, pero la defensa del Estado de Derecho ha de ser siempre el faro que nos guíe.