Viernes, 30 Octubre 2015 00:00 Publicado en Blog

Antes de iniciar esta reflexión me veo obligado a dos confesiones, la primera que soy hincha del Real Madrid, lo que explica en parte el título del post, y la segunda es que, pese a mis "colores" la pregunta sirve igual para tantos y tantos casos recientes de fraude fiscal en el ámbito del deporte y, más en concreto, del fútbol.

 

El caso de Mascherano, jugador del F.C Barcelona, se resume en que este ha sido denunciado por la Fiscalía por un presunto caso de Delito contra la Hacienda Pública penado por nuestro Código Penal con penas de 1 a 5 años de prisión para aquel que defraude mas de 120.000 euros. La concreta denuncia viene a señalar que el Sr. Mascherano defraudó 1,5 millones de euros, es decir, más de 10 veces lo recogido en el tipo penal como límite mínimo de defraudación.

 

Así las cosas, según recibe el denunciado la denuncia de la Fiscalía este procede a hacer un ingreso inmediato de la cuantía defraudada y de los intereses correspondientes, para acto seguido, en su declaración como investigado ante el Juez de Instrucción reconocer abiertamente y sin tapujos que, en efecto, defraudó dicha cantidad.

 

Ante esta situación, el proceso tiende a su fin, terminando con un escrito de acusación por parte de la Fiscalía en el cual solicitarán una pena de prisión inferior a dos años.

 

Aquí viene la disyuntiva. Tanto clientes como medios de comunicación equiparan de forma automática una pena de prisión inferior a dos años a la nada, a la sustitución automática, sin embargo, desde mi posición de jurista, he de decir que nada más alejado de la realidad.

 

Es cierto que, estadísticamente, las penas de prisión inferiores a dos años quedan en suspenso, ya que por política criminal el Estado considera que una pelea entre muchachos por muy reprochable penalmente que sea no debe concluir con una privación de libertad de esas características, máxime cuando las penas en España son extremadamente duras para ciertos delitos muy habituales en nuestro país.

 

Sin embargo, el Código Penal lo que señala es que esas penas PUEDEN (siempre pensé que deberían haberlo puesto en mayúscula también en el código) quedar en suspenso si además de ser inferior a dos años de prisión, se trata del primer delito y se paga la responsabilidad civil derivada del delito.

 

Como podemos observar, Mascherano cumplirá con las tres condiciones para que su pena PUEDA quedar en suspenso, pero la pregunta es ¿DEBE quedar en suspenso?

 

Hemos de observar que nos encontramos ante un millonario que, en afán de mayor lucro y riqueza defrauda a los españoles - sí, a ti y a mi- la nada despreciable cantidad de 1,5 millones de euros y que cuando le descubren, dado que es millonario, al día siguiente paga lo defraudado en la expectativa de que aquí no pase nada.

 

Creo esto no debe ser así, creo que el hecho de ser millonario no ha de excluir las obligaciones ya no solo fiscales, sino morales y de comportamiento. ¿Qué imagen estamos dando como país si permitimos que los delincuentes confesos por el mero hecho de ser ricos queden impunes?

 

Creo que ya sea Mascherano, ya sea Messi, Neymar o cualquier jugador de otro equipo, o ya sea cualquier artista - también hay casos- de esta notoriedad, fama y poder adquisitivo, ha de ser consciente de que las leyes están para cumplirlas y que su dinero no les exime de su cumplimiento la mejor forma de ello es hacérselo notar.

 

 

 

Jueves, 01 Octubre 2015 00:00 Publicado en Blog

Hoy el proyecto "Patrocina un Deportista" en el cual participamos desde 2013 con el objetivo de ayudar a nuestros atletas a llegar a la meta de los Juegos Olímpicos de Río 2016 otorga sus primeros premios y no podemos faltar a la cita.

Para nosotros que contamos entre nuestros clientes con deportistas profesionales, clubes de la Liga BBVA, Agentes FIFA y, en definitiva, todos los estamentos del deporte profesional, este proyecto de "Patrocina un Deportista" constituye una forma de estar más cerca de nuestros clientes y de nuestras pasiones.

Os invitamos a conocer este bonito proyecto y a sumaros a él.

Miércoles, 10 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

Como a final de cada temporada futbolística, en las dos o tres últimas jornadas de liga empiezan las suspicacias y los rumores sobre la existencia de "maletines" que pudieran suponer "primas a terceros", es decir, pagos a un tercer equipo para premiar su victoria sobre un rival directo del equipo que supuestamente paga.

Esta supuesta práctica, nunca demostrada, viene siendo objeto de rumores desde hace décadas, pero es a raíz de la reforma del Código Penal de 2010 en la cual se incluye el delito de "corrupción entre particulares" (Art. 286 bis.4 del Código Penal).

Este tipo penal se incluyó a raíz de las propuestas del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de Fútbol Profesional a fin de preservar, tanto la limpieza de las competiciones como los intereses económicos de los clubes/ S.A.D que conforman las competiciones profesionales.

Si analizamos ese -en palabras del Presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas- "doping económico" y su posible repercusión penal, nos encontramos con un cierto error del legislador, que deja fuera del castigo penal estas conductas.

Y es que si nos atenemos al precepto penal (Art. 286 bis.4), solo es perseguible pretender "predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales", y si nos atenemos a un supuesto hecho en el cual un equipo pagase a un tercero por ganar su partido, de difícil forma se podría considerar que se está alterando el resultado, toda vez que la "obligación" de todo competidor es ganar su encuentro o partido.

Si bien el Código Penal prevé castigar el ofrecimiento de "beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros," en la contratación de servicios o compra de mercancías ¿por qué no considera punible esa misma conducta en otros ámbitos como el señalado?

Por su parte, el artículo 82 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol dice sobre los incentivos extradeportivos: 

1. La promesa o entrega de cantidades en efectivo o compensaciones evaluables en dinero por parte de un tercer club como estímulo para lograr obtener un resultado positivo, así como su aceptación o recepción, se sancionarán con suspensión por tiempo de uno a seis meses a las personas que hubieren sido responsables, y se impondrá a los clubes implicados y a los receptores multa en cuantía de 3.005,06 euros, procediéndose, además, al decomiso de las cantidades hechas, en su caso, efectivas. 

2. Los que intervengan en hechos de esta clase como meros intermediarios, serán suspendidos o inhabilitados por tiempo de uno a tres meses.

Sin duda el Derecho Deportivo es una esfera del Derecho que está creciendo, no obstante, aún ha de ser estudiada con mayor -y mejor- detenimiento a fin de regular actuaciones que pudieran causar graves  y deliberados perjuicios económicos a sociedades mercantiles como son las Sociedad Anónimas Deportivas  como son la mayoría de los componentes de la Liga de Fútbol Profesional, estableciéndose medidas apropiadas y proporcionadas, pues como queda claro, una multa de 3.005,06 euros no es muy disuasoria cuando de mantener o mejorar la categoría deportiva se trata.

 

 

 

Imagen obtenida de www.donbalon.com

Martes, 02 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

Han transcurrido poco más de dos días desde la final de la Copa del Rey de fútbol y de lo único que se sigue hablando en este país es de eso, y, sorprendentemente no del evento deportivo, sino de la sonora pitada al himno nacional que se produjo en el previo al partido.

 

Al ser este un tema polémico, todos tenemos una opinión, la mía es muy sencilla y se limita a dos consejos que me daban de pequeño “no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti” y “tu libertad acaba donde empieza la del vecino”.

 

Pero el objeto de este “post” no es dar mi opinión al respecto de la pitada sino analizar un aspecto que he venido escuchando en estos días y es si la pitada en sí es ilícita.

En primer lugar, el Código Penal en su artículo 543 recoge y pena los “ultrajes a España”:

Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses.

Si observamos el elemento nuclear del tipo y la propia definición de la Real Academia de la Lengua del verbo “ultrajar” (1.tr. Ajar o injuriar. 2. tr. Despreciar o tratar con desvío a alguien) podemos deducir que nos encontramos ante un tipò  de injurias en el cual el ofendido, en lugar de ser un particular es el Estado y sus símbolos.

Esto nos ha de llevar a la lógica ponderación de qué se ha de considerar una injuria, toda vez que si bien no es un término científico o no existe un “medidor de ofensas” tampoco puede entender el legislador que sea un término subjetivo toda vez que a cada uno le ofende una cosa distinta.

 

 

Según establece de forma pacífica la Doctrina, la acción ha de tener un significado objetivamente ofensivo, según los parámetros sociales en los que la expresión se vierta y es imprescindible que exista la intención de injuriar (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1991).

 

 

También señala la Jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo 278/95 de 28 de febrero de 1995) que hay que estar no solo al valor de las palabras o expresiones proferidas, sino que, dado el carácter eminentemente intencional de este delito, habrá de atenderse y estimarse las circunstancias concurrentes en cada supuesto, realizando un ponderado y reflexivo análisis de los factores coexistentes capaces de hacer incardinar la conducta examinada en la figura penal de la injuria.

 

 

Como podemos observar, hay que atender a cada caso concreto y examinar muy minuciosamente sus particularidades, mi opinión, es que dado que la posible injuria no la constituye el hecho de que una única persona lo hiciera sino en el hecho de que fuera un acto conjunto, no cabría la posibilidad de considerarse como hecho punible, ello por no hablar de lo inidóneo que resultaría para los símbolos patrios el buscar la represión penal de manifestaciones -desafortunadas- como las ocurridas.

 

 

Sin perjuicio de que el “nivel de patriotismo” es libre, hemos de observar también qué  ocurre en otros países, y nos ha de llamar en especial la atención EEUU, país que -todos estaremos de acuerdo- no se puede poner en duda que tiene en alta estima sus símbolos. Pues bien, el Tribunal Supremo en 1989 afirmó que quemar una bandera no es inconstitucional y que el Gobierno no puede prohibir la expresión de opiniones porque no esté de acuerdo con ellas.


Pues bien, no seamos “más papistas que el Papa” y reflexionemos, si todos -incluido este “post”- no hubiéramos dado la importancia a la pitada que, en el fondo, no la tiene, en la próxima final la misma no se produciría.

 

 

 

Imagen de La Sexta