Jueves, 04 Mayo 2017 00:00 Publicado en Blog

La crisis económica ha dado lugar a una nueva realidad social, y es el fenómeno de la usurpación de viviendas vacías por familias en estado de necesidad.

 

Esta situación, como es por otro lado natural, preocupa sobremanera al sector inmobiliario, pues puede producirse la situación que, debido a la ralentización del mercado en las ventas, las viviendas construidas puedan permanecer un tiempo vacías, con el consiguiente riesgo.

 

Ante una situación de usurpación de una vivienda, si bien el Derecho Penal ha de ser considerado como la última vía debido a su propia configuración, la realidad es que a la hora de la verdad es la jurisdicción más ágil, si es que hay alguna que sea merecedora de tal adjetivo.

 

Establece el Artículo 245.2 del Código Penal que:

"El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

Si observamos el tipo penal, observamos que sus elementos son claros:

? Requiere la ocupación sin autorización debida”.

? Requiere en su defecto que los denunciados “Se mantengan en la vivienda contra la voluntad de su titular”: Esto a su vez requiere que el titular de la vivienda manifieste de forma fehaciente e inequívoca su deseo de que los ocupantes abandonen la vivienda.

 

Esto nos lleva a que el propietario de la vivienda, antes del inicio de la acción penal, ha de notificar de forma fehaciente al ocupante su deseo firme y sin ambages de que abandone la vivienda, no debiendo existir entre ambos ningún vínculo contractual.

 

Al igual que en todo conflicto, la estrategia a adoptar es fundamental, de ahí que la labor preventiva del asesor jurídico sea determinante para el buen fin del mismo, por tanto, o dudes en consultarnos y en asesorarte debidamente.

Viernes, 10 Febrero 2017 00:00 Publicado en Blog

Sin bien la mayoría de nosotros conoce, al menos a grandes rasgos, que significa contraer matrimonio en régimen de gananciales o en régimen de separación d bienes; no siempre está tan claro con respecto de algunos bienes, si los mismos son privativos o comunes; lo que además no nos preguntaremos, seguramente, hasta que se produzca la disolución del matrimonio y con ello probablemente comiencen los problemas. Así, es necesario saber en primer qué, y entre otros, son bienes gananciales y por tanto de ambos cónyuges:

- Los obtenidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges a partir del matrimonio, como son las nóminas en caso de trabajo por cuenta ajena.

- Los frutos, rentas o intereses a partir del matrimonio, tanto si derivan de bienes gananciales como de bienes privativos. Así por ejemplo: el alquiler que pague el inquilino de un piso tuyo privativo una vez celebrado el matrimonio, pasará a ser un bien ganancial.

Todo lo que se obtenga a título oneroso con bienes comunes y con independencia del destino del mismo. Así, si durante el matrimonio se compra con dinero común un vehículo para uno de los cónyuges y que solo va a ser utilizado por él; dicho vehículo tendrá carácter ganancial. Sin embargo, si bien lo anterior puede resultar más o menos claro para la mayoría, en otros supuestos la calificación como bien común o privativo igual no es tan intuitivo.

Así por ejemplo, será habitual que nos preguntemos: ¿Qué ocurre si ya casados, uno de los cónyuges hereda determinados bienes de su padre o de su madre? ¿ó si ya casados, el padre o madre de uno de los cónyuges decide hacerle a este una donación?.

En ambos casos, el bien obtenido a título gratuito (heredado o donado) será un bien privativo del cónyuge que lo ha recibido.

Y si durante el matrimonio me despiden, ¿qué ocurre con la indemnización que reciba uno de los cónyuges? La indemnización por despido que corresponda con años trabajados vigente el matrimonio, será ganancial.

Sin embargo, si la indemnización que recibe uno de los cónyuges deriva del resarcimiento de un daño sufrido por él, será privativo. Así por ejemplo, una indemnización por unas lesiones sufridas en un accidente. Por tanto; muchos son los supuestos en los que, una vez nos lo planteemos – probablemente y como decía al inicio, ante una situación de crisis- tengamos dudas sobre si ese bien es común o por el contrario privativo de uno de los cónyuges; siendo de vital importancia conocer todos estos extremos y poder decidir, antes de contraer matrimonio y en disposición de toda la información, en que régimen es en el que queremos casarnos.

Si quieres que estudiemos tu caso particular, puedes contactar con nosotros en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o en 91 345 76 04, somo asesores legales en Madrid.

Lunes, 05 Septiembre 2016 00:00 Publicado en Blog

Sin lugar a dudas la imagen de familias desahuciadas es una de las que más hondo ha calado en nuestras conciencias durante la crisis. Ver a una familia como la tuya despojada de su techo es, sin lugar a dudas, algo terrible.

 

Pero para bien o para mal, nuestra realidad no es siempre blanca o negra. Ni siempre el desahuciado es "bueno" ni siempre el propietario es "malo".

 

Es también tristemente frecuente el hecho de que particulares con una propiedad arrendada se vean inmersos en largos y penosos procesos judiciales debido a que su inquilino no le paga. Esa falta de pago, sea cual sea su origen o motivación, también trae graves problemas al propietario, ya que este, en muchas ocasiones, tiene que asumir importantes gastos de la vivienda para poder mantenerla, tales como hipoteca, gastos de comunidad, IBI, etcétera.

 

La realidad es que ante una situación de impago como la descrita no cabe si no iniciar acciones judiciales en el ámbito civil, ya que es en dicha jurisdicción donde ha de librarse tal controversia. Y es que si bien nuestro Código Penal castiga con penas de prisión de hasta dos años la usurpación de bienes inmuebles –la conocida por okupación- dicho acto requiere de violencia en las cosas o intimidación en las personas, lo que no suele darse cuando se trata de un antiguo arrendatario.

 

Si bien esta situación es en mucha ocasiones límite y de gran tensión para el propietario, existen “tentaciones” que hay que evitar, tales como:

-         - Amenazar a los inquilinos

-         - Cortar la luz, el agua, el gas…

-         - Insultos a los inquilinos

-       -   Actos de violencia

 

Y es que todas estas actuaciones, lejos de solucionar el conflicto, no solo lo empeorarán, sino que, además, puede provocar graves consecuencias penales para su autor.

 

Por tanto, si te encuentras ante una situación de impago, la mejor solución es acudir de forma rápida a tu abogado a fin de poder iniciar cuanto antes el proceso judicial adecuado.

 

Jueves, 21 Julio 2016 00:00 Publicado en Blog

“Corren malos tiempos para los Derechos Laborales”, eso es lo que pensé hace unos días cuando leí un artículo lamarea.com en el cual se señalaba que una conocida cadena de supermercados incluía una cláusula que tenía por claro objetivo el amedrentar a los trabajadores a fin de que estos no reclamasen en el momento oportuno su indemnización por despido o cualquier otra que reclamase derechos.

 

La cláusula en cuestión venía a señalar que:

El incumplimiento de alguno de los términos del presente acuerdo por alguna de las partes, conllevará el abono en concepto de daños y perjuicios que se ocasiones o pudieran ocasionar por la cantidad de 3.000 €. Así pues, si la trabajadora, interpone algún tipo de acción judicial o extrajudicial en contra de la empresa o bien hace manifestaciones contrarias a la reputación de la empresa, bien por si misma o a través de terceros, tendrá que abonar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios así como los gastos y perjuicios que se pudieran ocasionar a la empresa”.

 

Si esta noticia fuera cierta, y dicha cadena de supermercados estuviera incluyendo semejante cláusula estaríamos ante un gravísimo quebranto de los más elementales Derechos Laborales.

 

Esta penalización viene a responder, de acuerdo con el contrato de trabajo en una supuesta “Cláusula de especial confidencialidad”, que obviamente, es nula de pleno derecho.

 

Y es que el Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 3.5 que “Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo”.

 

¿Por qué nuestro ordenamiento jurídico limita en el ámbito laboral de esta forma la libertad de contratación que sí es permitida en el ámbito civil? La respuesta es sencilla, si bien en el ámbito civil se parte de la premisa –no siempre cierta- de una igualdad de partes, en las relaciones laborales, la realidad es que el trabajador es el eslabón más débil de la cadena, de ahí que el legislador, con el objeto de evitar –no siempre se consigue- abusos, prohíbe al trabajador disponer de sus derechos, y entre ellos, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el de el “ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo”.

 

La realidad es que si algún trabajador acudiera al Juzgado en reclamación de sus Derechos Laborales la empresa no podría, seguramente ni siquiera lo intentaría, reclamarle los 3.000 euros que se consignan en el contrato, pero la realidad es que con ello, lo que si consiguen, y seguro que en un gran número de ocasiones, es desalentar al trabajador ante el mero riesgo de la reclamación de la empresa.

 

Por ese motivo es fundamental el asesoramiento de un abogado o graduado social que pueda poner en valor nuestros Derechos Laborales, por eso, si tienes cualquier duda, consúltanos sin compromiso.