Jueves, 01 Diciembre 2016 00:00 Publicado en Blog

Sin duda, una de las polémicas de la semana son las numerosas acusaciones de plagio de las cuales está siendo objeto de acusación -tanto por perjudicados como por la prensa- el todavía Rector de la Universidad pública madrileña Rey Juan Carlos, D. Fernando Suarez.

 

Estas acusaciones de plagio vienen a raíz de que hayan salido a la luz diversos artículos cuyos fragmentos han sido copiados literalmente por el Rector de la URJC (aquí).

 

Es importante resaltar la gravedad de estos hechos en el ámbito universitario en el cual se promueve y exige a los Catedráticos y profesores, además de la labor docente, un trabajo investigador que permita a la Universidad estar a la vanguardia del conocimiento.

 

Pero si sorprendente es el hecho del plagio, al menos para un ex alumno de esta universidad, más sorprendente es el comunicado que el Rector envía a la comunidad universitaria, en el cual, lejos de disculparse o incluso dimitir, ataca a los críticos y achaca las acusaciones a luchas internas de poder, llegando incluso a afirmar que no existe tal plagio, amparándose para ello en aspectos jurídicos (aquí el comunicado).

 

Sin embargo, el artículo 270 del Código Penal es bastante claro:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

 

Como se puede observar, el tipo penal exige varios presupuestos:

  • Ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto: Parece evidente que si el estatus académico, y con él sus retribuciones, van aparejados a las publicaciones científicas, este elemento podría concurrir.
  • Plagie: Para ello acudimos a la Real Academia Española que define plagio como: “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Parece por tanto que también podría concurrir.

Si acudimos a términos jurídicos observamos que, en palabras de la Audiencia Provincial de Valencia, “por plagio se ha de entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, presentándose más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano. Aunque manifieste cierto ingenio, se da en las situaciones de identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con la creación original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo ajeno. No procede confusión con todo aquello que es común, integra el acervo cultural generalizado o está anticipado y al alcance de todos, ya que si faltan la creatividad y la originalidad, mal se pueden infringir los artículos 1 y 10 de la Ley, de ahí que el concepto de plagio haya de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no transcendentales”.

Es importante resaltar que no parece que estemos ante una cita como parece querer justificar el Rector, toda vez que el artículo 32.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectualseñala al respecto que “Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, (…), siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada”.

  • Que se trate de una obra científica: Lo que parece que no ofrece dudas.

 

Parece por tanto que, además de moralmente reprobable, nos encontramos ante presuntos hechos que podrían ser jurídicamente perseguibles, pero sin duda, lo que nos encontramos es ante una situación que daña de manera grave la imagen de la universidad y de sus investigadores.

Viernes, 04 Noviembre 2016 00:00 Publicado en Blog

Esta pregunta nos la hacen cada vez más empresas de todos los sectores, pero, evidentemente, el sector sociosanitario se encuentra preocupado.

 

Esta preocupación por parte de Residencia Geriátricas o Centros de Día es natural, pues como cada es más conocido, desde la reforma del Código Penal de 2010 las personas jurídicas pueden ser autoras de ilícitos penales.

 

No obstante, es importante recalcar que los delitos que puede cometer la persona jurídica están tasados, pero ello no limita del todo el riesgo jurídico de las empresas del sector.

 

Y es que determinadas actuaciones de sus administradores o incluso de sus trabajadores pueden determinar la concurrencia de responsabilidad, no solo penal, pero sí civil; con el riesgo para la sostenibilidad y viabilidad de la empresa que ello puede conllevar.

 

Nuestro Código Penal establece como circunstancia eximente y, en su defecto, atenuante de la responsabilidad criminal el hecho de que la empresa haya establecido un Plan de Prevención de Riesgos Penales, también llamado Compliance Penal, cuya implantación suponga por sí misma una minoración efectiva de los riesgos de comisión de ilícito penal en el seno de la organización empresarial, sin la obligación de que dicho programa sea infalible, ya que tal exigencia sería imposible.

 

Estos programas de prevención son lo que se podría denominar "un traje a medida" pues el mismo ha de ser elaborado atendiendo a las particularidades no sólo de cada sector empresarial sino también a cada organización.

 

Para la elaboración del modelo de organización y gestión habrá que estudiar en profundidad la empresa así como su organización y relación con terceros para situar el alcance normativo y las actividades de riesgo en que pudiera incurrir.

 

El objeto de la creación de este mapa de riesgos es establecer un modelo de organización y gestión del cual puedan ser informados los Administradores, Directivos y empleados, asimismo todos los agentes implicados recibirán la formación necesaria para comprender cuáles son los principios y valores de la entidad y los procedimientos generados para garantizar su estricto cumplimiento.

 

Para la elaboración del proyecto habrá que:

  1. Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.
  3. Establecer los modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos.
  4. Habilitar canales que permitan la comunicación de posibles riesgos, incidencias o incumplimientos.
  5. Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  6. Establecer un modelo de seguimiento del cumplimiento del plan de prevención.

 

Si tienes alguna duda al respecto o quieres recibir más información, no dudes en consultarnos.

Jueves, 07 Julio 2016 00:00 Publicado en Blog

En tiempos de crisis como los que vivimos las deudas e impagos se acumulan entre particulares y empresas, lo que lleva necesariamente a largos procesos judiciales.

 

En esos procesos, ya sean ordinarios o de ejecución, surge al demandado la eterna duda ¿puedo vender mis bienes? ¿Si los vendo me estoy alzando con mis bienes? ¿Es un delito?

 

En primer lugar, hay que señalar que el Código Penal castiga la insolvencia punible o alzamiento de bienes con penas de prisión 1 a 4 años y multa cuando realice alguna de las siguientes conductas:

 

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

5.ª Participe en negocios especulativos, (…).

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, (…). También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, (…).

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar (…).

8.ª (…) dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, (…).

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

2. (…).

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

5. (…).

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal.

 

Ciertamente la situación y las preguntas no son sencillas de responder y hay que estudiar cada caso, pero estas son algunas cosas a tener en cuenta:

1) Vender tus bienes a precio de mercado siempre es lícito.

2) Destinar el dinero de la venta de tus bienes al pago de deudas (no necesariamente de quien te demanda) es lícito -salvo que estés en concurso de acreedores-.

3) Regalar o malvender los bienes -y encima a parientes- es indicio de una situación irregular.

 

De cara a las empresas y personas jurídicas es importante que estas tengan un programa de prevención de riesgos penales (Compliance Penal) que regule y controle estas situaciones y evite la comisión de delitos., ya que la comisión de este delito prevé multas importantes y dependiendo de las circunstancias del caso, pueden acarrear otras penas que pueden llegar a la disolución de la mercantil.

 

Y es que hay que ser conscientes de la importancia de la abogacía preventiva, por ello, antes de tomar cualquier decisión de este calado, consulta a tu abogado.

 

Lunes, 06 Junio 2016 00:00 Publicado en Blog

Hoy es un día extraño para los abogados penalistas, por un lado, estamos contentos por nuestros clientes, por otro, profundamente tristes por el estado de la Justicia y el motivo de nuestras alegrías.

 

El motivo de esta sensación doble y, en cierto modo, incompatible no es otro que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otras cuestiones, fijaba un plazo máximo para investigar judicialmente la existencia o no de delito.

 

Dicho plazo máximo se fijaba en 6 meses, y si bien es cierto, en dicho tiempo debería bastar para finalizar la fase de instrucción, la realidad es que si no se dotaba de más medios a la Administración de Justicia, ese plazo se convertía en imposible de cumplir.

 

A lo largo de estos meses las fiscalías han presentado escritos -meros formularios en su mayoría- solicitando que las causas se considerasen "complejas" con el consiguiente aumento hasta los 18 meses en el plazo de investigación. Pero si la Administración de Justicia necesita medios, la Fiscalía está en igual situación, y ello ha llevado a que muchas causas (se habla de miles) han quedado sin revisar y que muchos juzgados han aplicado de forma correcta el nuevo precepto legal y no han ampliado el plazo.

 

Consecuencia de esta situación es que los abogados defensores hemos presentado entre en estos días miles de escritos solicitando el sobreseimiento y archivo de los procedimientos.

 

Bien es cierto que la ley no señala que en caso de que finalizado el plazo de instrucción deba proceder el sobreseimiento y archivo, pero la ley solo deja dos opciones, y la otra es que haya juicio.

 

Ambas resoluciones son perjudiciales para el acusador o perjudicado, ya que aunque haya juicio, si la fase de instrucción no está bien realizada y no se ha completado, las posibilidades de éxito y de ver resarcidas sus pretensiones son menores.

 

Obviamente, esto se multiplica en sus consecuencias en las causas realmente complejas, las cuales, con estos plazos, quedarán, en un alto porcentaje impunes.

 

Así que nos encontramos ante una especie de “Efecto 2000” jurídico, cuyas consecuencias solo las veremos dentro de unos meses, aunque todo parece que serán tremendas.