Miércoles, 03 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género circunscribe su ámbito de aplicación a la violencia que se produce en el seno de la pareja y en la que el sujeto agresor ha de ser un hombre y el sujeto pasivo o víctima, una mujer.

 

Así,en concreto, en su artículo 1 establece que “la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres

 

Junto a esta violencia denominada de género tenemos la llamada violencia doméstica, que no es lo mismo. Esta última puede definirse como toda violencia ejercida por cualquier persona (no se exige que sea un hombre), sobre los sujetos pasivos que se describen en el artículo 173.2 del Código Penal y que se refieren al círculo familiar (no requiriendo por tanto, que la víctima sea necesariamente una mujer).

 

Con este panorama, se han suscitado muchas dudas sobre qué ocurre cuando se dan situaciones de violencia en parejas o matrimonios formados por dos hombres o por dos mujeres. ¿Y qué ocurre con los transexuales?

 

Del concepto jurídico de violencia de género que se maneja en nuestra legislación y que hemos expuesto, parece que los gays quedarían excluidos como potenciales víctimas al ser hombres así como también quedarían excluidas las lesbianas que agredieran a su pareja.

 

Estos supuestos deberán reconducirse a la violencia doméstica y así se pone de manifiesto claramente en la Circular 4/2005 de la Fiscalía General del Estado al decir que la LO 1/2004 excluye de su ámbito de especial protección a las parejas del mismo sexo aunque reconoce que en estos casos también se pueden reproducir relaciones de dominación como las perseguidas por la misma, por interiorización y asunción de los roles masculinos y femeninos y de sus estereotipos sociales. En los mismos términos se ha pronunciado también nuestro Tribunal Supremo negando la posible interpretación extensiva de esta norma a aquellas parejas en las que ambos miembros son del mismo sexo pues estos supuestos no se contienen es la descripción típica y supondrían una interpretación contra reo.

 

En cuanto a las víctimas transexuales esa misma Circular 4/2005 plantea un panorama totalmente diferente al, en este caso, incluirlas dentro del ámbito de aplicación de la LO 1/2004 siempre que el agresor sea varón y la víctima sea mujer. A estos efectos, y aunque hasta 2007 se venía exigiendo por los tribunales, con la Ley 3/2007 de 15 de marzo se suprime el requisito de la cirugía de reasignación sexual para que la mujer transexual víctima de malos tratos puede obtener la protección integral reconocida por la LO 1/2004. Además tampoco se exige a estos efectos que la mujer transexual haya acudido al Registro Civil para rectificar el asiento relativo a su sexo siendo suficiente en el marco penal que quede acreditada su condición a través de informes médicos-forenses e informes psicológicos, permitiendo especialmente a las mujeres extranjeras, acceder a la protección a la que tienen derecho.

Por tanto, parece que por el momento y debido al concepto que se maneja en nuestro país de violencia de género basado en la protección de la mujer frente a las agresiones de su pareja (hombre), no tienen cabida de ningún manera, el resto de formas de violencia que aún produciéndose también en el ámbito de la pareja, que se diferencia del ámbito familiar, entre otras cosas, por una mayor intimidad, no se ejerzan por un sujeto activo varón y una víctima mujer. Esto, que parece injusto, tan injusto como aquellas situaciones de violencia en una pareja heterosexual pero en las que el sujeto activo es la mujer y la víctima hombre y que también se reconducen por la vía de la violencia doméstica, parece no poder ser de otro modo según la configuración de la violencia de género que conocemos hasta el momento y que surgió ante la necesidad acuciante de luchar contra esta lacra social a la que parece estarse haciendo frente poco a poco. Sin embargo, el problema que se está planteando ahora aquí también necesita emerger, hacerse visible y obtener una respuesta más apropiada.

En cualquier caso, sea cual sea tu orientación sexual, si eres víctima de violencia, busca un abogado penalista y defiende tus Derechos, está en tu mano.

 

 

Jueves, 07 Mayo 2015 00:00 Publicado en Blog

El 1 de julio entra en vigor la enésima reforma del "Código Penal de la Democracia" del cual queda poco debido a estas múltiples reformas y remiendos.

 

Una de las novedades es la desaparición de las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, y a raíz de esta consecuencia, he percibido un cierto temor, como veremos infundado, a que se quede impunes actuaciones o hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

 

Es decir, ¿qué ocurre si una persona comete un hecho tipificado como falta en enero de 2015 (antes de la reforma) y está citado a juicio el 30 de julio de 2015 (después de la reforma)?

 

El legislador ha previsto esta situación a través de la Disposición Transitoria Primera la cual señala que estos hechos cometidos, siempre que sigan siendo punibles bajo la nueva denominación de Delitos Leves, se juzgarán conforme establecía el Código Penal antes de la reforma siempre que esto sea más favorable para el reo, es decir, para el denunciado, pues en nuestro sistema penal rige el principio de la irretroactividad de las normas penales, las cuales, en todo caso, solo serían aplicables las que pudieran beneficiar al reo.

 

Si atendemos a casos concretos como es la falta de desobediencia a la autoridad, como el famoso "incidente" de tráfico de Esperanza Aguirre, nos encontramos con que la nueva redacción del Código Penal no despenaliza estos hechos, sino que, por el contrario los agrava, toda vez que las penas a aplicar pasan de una multa de 10 a 60 días (actual artículo 634) a una multa de 1 a 3 meses (nuevo artículo 556.2) de tal forma que los hechos deberían ser juzgados, y en su caso condenados, conforme establecía la legislación aplicable en el momento de ocurrir los hechos.

 

Lo mismo ocurre con una falta muy habitual en nuestros Juzgados de Instrucción como es la falta de hurto, la cual se pena actualmente con localización permanente de 4 a 12 días o multa de 1 a 2 meses (Artículo 623) y que será penada con mayor pena, de 1 a 3 meses, con la nueva redacción del Código Penal.

 

Cosa distinta ocurre con las faltas que penaban los incumplimientos familiares y que lastraban el funcionamiento de los Juzgados de Instrucción, y es que el artículo 618.2 del Código Penal castigaba con multa 10 días a 2 meses a los autores de estas faltas que consistían, por lo general, en el impago de una o dos mensualidades de la pensión de alimentos o incumplimientos en el régimen de visita de los padres divorciados o separados por sentencia firme, actuaciones que, a partir del 1 de julio, quedan despenalizadas.

 

De todos modos, cada caso merece un estudio pormenorizado, y si tienes dudas al respecto, estaremos encantados de darte la mejor asesoría legal.

 

Lunes, 27 Abril 2015 00:00 Publicado en Blog

En los últimos días he podido ver en televisión dos situaciones que me han llamado especialmente la atención, como son las detenciones de Rodrigo Rato (16 de abril) y de una activista de Femen -@FemenSpain (23 de abril).

20150429 Rato   20150429 Femmen

Como pueden ver en las fotografías de arriba, ninguna de dichas detenciones se acoge a lo previsto en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es que hemos de abstraernos del delito presuntamente cometido y observar el propio acto de la detención y privación de libertad.

En el caso de Rodrigo Rato, nos encontramos ante una persona de sobra conocida, con trabajo y domicilio conocido y a la cual se le imputan unos delitos que, si bien son graves, no resultan de especial peligrosidad, al menos para la integridad de las personas. De ahí que su detención no sea acorde a derecho, toda vez que infringe los artículo 490 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no hablar de la forma en que se produce, es decir, previo aviso a la prensa y con ademanes innecesarios como es la mano en el cuello.

No en vano, hemos de recordar que nuestra legislación establece que “la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”, lo que en ningún caso ocurre en este supuesto.

Por otro lado, nos encontramos ante la detención de una joven que, como se puede observar en el video, se acerca a nuestro Ministro del Interior, D. Jorge Fernández, y con el torso desnudo le grita: “Protestar no es ilegal”.

Acto seguido, observamos como dos policías nacionales, desoyendo nuestra legislación penal, proceden a detenerla de forma, como se observa en el video, innecesariamente dura, toda vez que la esposan poniéndole la rodilla en la nuca.

Les aseguro que he revisado el Código Penal de arriba a abajo y no encuentro el ilícito penal que pudiera haber cometido y que justificase su detención en virtud del artículo 17 de la Constitución Española y 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero es más, podemos revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, y observaremos que tampoco nos encontramos ante un ilícito administrativo ¿por qué se la detiene entonces? ¿Quién repara ese daño?

Es cierto que nos encontramos en un momento convulso en nuestra sociedad debido a la tremenda crisis que estamos sufriendo, pero la defensa del Estado de Derecho ha de ser siempre el faro que nos guíe.