Jueves, 04 Mayo 2017 00:00 Publicado en Blog

La crisis económica ha dado lugar a una nueva realidad social, y es el fenómeno de la usurpación de viviendas vacías por familias en estado de necesidad.

 

Esta situación, como es por otro lado natural, preocupa sobremanera al sector inmobiliario, pues puede producirse la situación que, debido a la ralentización del mercado en las ventas, las viviendas construidas puedan permanecer un tiempo vacías, con el consiguiente riesgo.

 

Ante una situación de usurpación de una vivienda, si bien el Derecho Penal ha de ser considerado como la última vía debido a su propia configuración, la realidad es que a la hora de la verdad es la jurisdicción más ágil, si es que hay alguna que sea merecedora de tal adjetivo.

 

Establece el Artículo 245.2 del Código Penal que:

"El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

Si observamos el tipo penal, observamos que sus elementos son claros:

? Requiere la ocupación sin autorización debida”.

? Requiere en su defecto que los denunciados “Se mantengan en la vivienda contra la voluntad de su titular”: Esto a su vez requiere que el titular de la vivienda manifieste de forma fehaciente e inequívoca su deseo de que los ocupantes abandonen la vivienda.

 

Esto nos lleva a que el propietario de la vivienda, antes del inicio de la acción penal, ha de notificar de forma fehaciente al ocupante su deseo firme y sin ambages de que abandone la vivienda, no debiendo existir entre ambos ningún vínculo contractual.

 

Al igual que en todo conflicto, la estrategia a adoptar es fundamental, de ahí que la labor preventiva del asesor jurídico sea determinante para el buen fin del mismo, por tanto, o dudes en consultarnos y en asesorarte debidamente.

Lunes, 05 Diciembre 2016 00:00 Publicado en Blog

El sábado por la mañana una noticia corrió como la pólvora: "Cristiano desvió a un paraíso fiscal al menos 150 millones para ocultar ingresos por derechos de imagen". Sin duda es o puede ser -en caso de ser cierta- un notición, pero lo que más me llamó la atención de dicha noticia fue el cómo se obtuvo y el cómo se publicó -cosas de abogados, supongo-.

 

Según señala el propio diario El Mundo hace meses que el Despacho de abogados SENN FERRERO denunció un ataque informático y el robo de información, y a raíz de esto, se abrió un proceso judicial por el Juzgado de Instrucción de Madrid. Casualmente, tiempo después el movimiento "Football Leaks" filtra que tiene información, no solo fiscal y tributaria de Cristiano Ronaldo, uno de los clientes de este Despacho, sino que se publican incluso correos electrónicos entre los abogados y los clientes.

 

Como abogado, no puede sino indignarme y preocuparme el hecho de que un periódico del prestigio y repercusión de El Mundo se preste a publicar conversaciones privadas obtenidas de forma -al parecer- ilícitas, y me preocupa gravemente el hecho de que dichas comunicaciones se producen bajo el amparo del más elemental Derecho a la Defensa y bajo la confidencialidad imprescindible de las relaciones abogado- cliente.

 

Peligroso terreno es aquel en el cual los abogados no podemos hablar con nuestros clientes.

 

El cómo se publica la noticia también es preocupante, ya que el propio periódico se vanagloria de que lo hace en contra de una resolución judicial que se lo impedía de forma expresa, ya que, como se ha dicho anteriormente, la información pudo obtenerse mediante medios ilícitos.

 

¿Qué credibilidad tienen nuestras instituciones si un Juzgado no es capaz de proteger a los ciudadanos de intromisiones de este tipo?

 

Es normal la pugna entre la libertad de información y ciertos Derechos, pero los medios de comunicación deberían valorar si "el fin (vender periódicos) justifica los medios", los cuales, en este caso, pudieran estar manchados por un ilícito previo.

 

Jueves, 01 Diciembre 2016 00:00 Publicado en Blog

Sin duda, una de las polémicas de la semana son las numerosas acusaciones de plagio de las cuales está siendo objeto de acusación -tanto por perjudicados como por la prensa- el todavía Rector de la Universidad pública madrileña Rey Juan Carlos, D. Fernando Suarez.

 

Estas acusaciones de plagio vienen a raíz de que hayan salido a la luz diversos artículos cuyos fragmentos han sido copiados literalmente por el Rector de la URJC (aquí).

 

Es importante resaltar la gravedad de estos hechos en el ámbito universitario en el cual se promueve y exige a los Catedráticos y profesores, además de la labor docente, un trabajo investigador que permita a la Universidad estar a la vanguardia del conocimiento.

 

Pero si sorprendente es el hecho del plagio, al menos para un ex alumno de esta universidad, más sorprendente es el comunicado que el Rector envía a la comunidad universitaria, en el cual, lejos de disculparse o incluso dimitir, ataca a los críticos y achaca las acusaciones a luchas internas de poder, llegando incluso a afirmar que no existe tal plagio, amparándose para ello en aspectos jurídicos (aquí el comunicado).

 

Sin embargo, el artículo 270 del Código Penal es bastante claro:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

 

Como se puede observar, el tipo penal exige varios presupuestos:

  • Ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto: Parece evidente que si el estatus académico, y con él sus retribuciones, van aparejados a las publicaciones científicas, este elemento podría concurrir.
  • Plagie: Para ello acudimos a la Real Academia Española que define plagio como: “Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Parece por tanto que también podría concurrir.

Si acudimos a términos jurídicos observamos que, en palabras de la Audiencia Provincial de Valencia, “por plagio se ha de entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, presentándose más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano. Aunque manifieste cierto ingenio, se da en las situaciones de identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con la creación original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo ajeno. No procede confusión con todo aquello que es común, integra el acervo cultural generalizado o está anticipado y al alcance de todos, ya que si faltan la creatividad y la originalidad, mal se pueden infringir los artículos 1 y 10 de la Ley, de ahí que el concepto de plagio haya de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no transcendentales”.

Es importante resaltar que no parece que estemos ante una cita como parece querer justificar el Rector, toda vez que el artículo 32.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectualseñala al respecto que “Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, (…), siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada”.

  • Que se trate de una obra científica: Lo que parece que no ofrece dudas.

 

Parece por tanto que, además de moralmente reprobable, nos encontramos ante presuntos hechos que podrían ser jurídicamente perseguibles, pero sin duda, lo que nos encontramos es ante una situación que daña de manera grave la imagen de la universidad y de sus investigadores.

Viernes, 04 Noviembre 2016 00:00 Publicado en Blog

Esta pregunta nos la hacen cada vez más empresas de todos los sectores, pero, evidentemente, el sector sociosanitario se encuentra preocupado.

 

Esta preocupación por parte de Residencia Geriátricas o Centros de Día es natural, pues como cada es más conocido, desde la reforma del Código Penal de 2010 las personas jurídicas pueden ser autoras de ilícitos penales.

 

No obstante, es importante recalcar que los delitos que puede cometer la persona jurídica están tasados, pero ello no limita del todo el riesgo jurídico de las empresas del sector.

 

Y es que determinadas actuaciones de sus administradores o incluso de sus trabajadores pueden determinar la concurrencia de responsabilidad, no solo penal, pero sí civil; con el riesgo para la sostenibilidad y viabilidad de la empresa que ello puede conllevar.

 

Nuestro Código Penal establece como circunstancia eximente y, en su defecto, atenuante de la responsabilidad criminal el hecho de que la empresa haya establecido un Plan de Prevención de Riesgos Penales, también llamado Compliance Penal, cuya implantación suponga por sí misma una minoración efectiva de los riesgos de comisión de ilícito penal en el seno de la organización empresarial, sin la obligación de que dicho programa sea infalible, ya que tal exigencia sería imposible.

 

Estos programas de prevención son lo que se podría denominar "un traje a medida" pues el mismo ha de ser elaborado atendiendo a las particularidades no sólo de cada sector empresarial sino también a cada organización.

 

Para la elaboración del modelo de organización y gestión habrá que estudiar en profundidad la empresa así como su organización y relación con terceros para situar el alcance normativo y las actividades de riesgo en que pudiera incurrir.

 

El objeto de la creación de este mapa de riesgos es establecer un modelo de organización y gestión del cual puedan ser informados los Administradores, Directivos y empleados, asimismo todos los agentes implicados recibirán la formación necesaria para comprender cuáles son los principios y valores de la entidad y los procedimientos generados para garantizar su estricto cumplimiento.

 

Para la elaboración del proyecto habrá que:

  1. Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.
  3. Establecer los modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de delitos.
  4. Habilitar canales que permitan la comunicación de posibles riesgos, incidencias o incumplimientos.
  5. Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  6. Establecer un modelo de seguimiento del cumplimiento del plan de prevención.

 

Si tienes alguna duda al respecto o quieres recibir más información, no dudes en consultarnos.