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Martes, 13 Noviembre 2018 00:00 Publicado en Blog

Hoy he sido entrevistado en el programa de Radio Nacional de España “El Gallo que No Cesa” (podéis escucharla aqui) sobre los vaivenes del Tribunal Supremo en referencia a quién ha de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Os dejo la entrevista:

¿Qué es el Impuesto de de Actos Jurídicos Documentados y cómo se calcula?

En lo que a las hipotecas se refiere, es un impuesto que grava la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

Como todo impuesto varía según el importe del hecho imponible, es decir, el importe del préstamo con garantía hipotecaria a inscribir. Se calcula que su importe es entre el 1 y el 1,5% de dicha cuantía.

¿En qué situación nos encontramos ahora mismo?

En estos momentos tenemos en vigor el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre que entró en vigor el domingo 11 de noviembre y que establece que será obligado al pago en el caso de inscripción de préstamos con garantía hipotecaria el prestamista, es decir, el banco.

Es importante resaltar que este Real Decreto Ley debe ser ratificado por el Congreso de los Diputados en 30 días.

¿Revisarán los bancos sus ofertas? ¿Lo repercutirán al consumidor?

En los últimos días se ha escuchado de forma reiterada la expresión “la banca siempre gana”. Podemos estar de acuerdo con esa expresión o no, pero lo cierto es que el sector financiero tiene mucho músculo y si ven incrementados sus gastos, lo repercutirán de una forma u otra en sus clientes.

Si ya se ha pagado el impuesto ¿qué vías tengo para reclamar?

La ley no es retroactiva, por tanto desprende sus efectos a futuro. No obstante, queda abierta la vía de luchar dicho pago pasado como fruto de una cláusula abusiva impuesta por el banco, aunque la realidad es que las vías han quedado muy restringidas por las interpretaciones del Tribunal Supremo.

¿Existen precedentes de que el Gobierno apruebe un Real Decreto que contradiga al Tribunal Supremo?

La verdad que lo que hemos vivido en las últimas semanas creo que es inédito, sobre todo en lo que a “acción/ reacción” se refiere.

En cualquier caso, la labor del Ejecutivo y del Legislativo es evitar que haya interpretaciones dispares de las normas y dotarnos de un ordenamiento jurídico lo más claro posible, por tanto creo que es de alabar el aclarar la normativa.

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno es la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente ¿cuándo podría estar activa?

Esta Autoridad deberá ser regulada y aprobada por ley, por tanto aún no podemos saber mucho de ella ni de su aplicación.

En cualquier caso, y pese a los últimos vaivenes, creo que los consumidores deben encontrar su mejor defensor en los Juzgados y Tribunales y que el canal de esa defensa somos los abogados.