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Viernes, 26 Febrero 2016 00:00 Publicado en Blog

Aunque la pregunta sea en apariencia sencilla, la realidad dista mucho de esto, y es que la política criminal existente prima, en cierta medida las relaciones familiares sobre los principios de prevención del Derecho Penal.

Si bien al lector lego en Derecho le puede llamar la atención, la experiencia nos indica que los delitos de carácter económico entre miembros de la misma familia son muy habituales, pues la propia esencia de la familia conlleva la relación de confianza mutua, perfecto germen para la comisión de este tipo de ilícitos.

Nuestro Código Penal establece en su artículo 268 que:

1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.

2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito”.

 

Esto afecta a los delitos como:

  • Estafa
  • Apropiación indebida
  • Insolvencias punibles
  • Administración desleal

 

¿Pero qué ocurre cuando se comete el delito?

La esencia de este tipo penal no es otra que la de no penar los delitos patrimoniales cometidos entre hermanos, cuestión que si bien se podría discutir al legislador, es, en estos momentos, indudable. El espíritu de la ley lo que no pretende, en modo alguno, es absolver de todo delito al autor y participes del mismo por el mero hecho de ser, uno de los denunciados, hermano del denunciante o perjudicado.

La realidad por tanto es que el delito existiría pese a que, por motivos muy residuales de oportunidad, o de política criminal, queda fuera de lo punible, sin embargo continuaría siendo un delito sin perjuicio de que este no se penara.

¿Tienes dudas? Consúltanos sin compromiso.

Jueves, 29 Octubre 2015 00:00 Publicado en Blog

En nuestro país, a día de hoy, el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos carece de relevancia penal. Sin embargo, esto no ha de entenderse, y así muchos lo hacen; como que el consumo de drogas es legal en España. El consumo es ilegal, salvo el expresamente autorizado por tener finalidad terapéutica; pero no es punible.

 Como consecuencia de lo anterior, el cultivo para el consumo personal también, y aún siendo del mismo modo una conducta ilegal, carece relevancia penal.

Posteriormente y sobre la base de lo anterior se desarrolla la denominada doctrina sobre la atipicidad del consumo compartido; es decir; se entiende que si el autoconsumo es atípico también ha de serlo el autoconsumo plural entre adictos con determinados requisitos. En concreto, esta doctrina fue ideada en su origen pensando en aquellos supuestos en los que un grupo de amigos compra droga para consumir un día determinado; encargándose uno de ellos de comprar lo de todos.

Precisamente es, la toma en consideración de la anterior doctrina sobre el consumo compartido; lo que ha hecho que en los últimos años aumente la creación de asociaciones de consumidores de cannabis que se dedican al autocultivo para el autoconsumo de los socios de las mismas.

Si leemos con atención la reciente sentencia de nuestro Tribunal Supremo, y de la que trae causa el presente artículo, veremos que nuestro tribunal no excluye la posibilidad de que estas asociaciones puedan quedar amparadas bajo la doctrina del consumo compartido sino que viene a perfilar cuando lo anterior podrá ocurrir y cuando no.

Así, y si bien es cierto que en dicha sentencia se acaba condenando como responsables de un delito contra la salud pública a varios de los responsables de una asociación de Bilbao; esto se hace porque entiende el tribunal que en ese caso concreto, y a la vista de las circunstancias del mismo, es imposible extender la precitada doctrina del consumo compartido.

Por tanto y a pesar de lo que pudiera parecer a priori; esta sentencia no supone la declaración de todas las asociaciones similares existentes como responsables de un delito contra la salud pública; debiendo estar a cada caso y en concreto, al número de personas que forman parte de ella, a su carácter cerrado así como a otras características de la asociación de que se trate y a los que se hace referencia en la sentencia y con lo que se trata de evitar la existencia de supuestos abusivos que de ninguna manera encajan en la doctrina del autoconsumo compartido.

Es imposible no hacer referencia y aunque fuera estrictamente de la cuestión que ahora se aborda, al alegato que nuestro Tribunal Supremo hace en la sentencia a favor de una política de mayor tolerancia unida a rigurosos controles que prácticamente pasa desapercibida en las casi cuarenta páginas sobre las que se extiende dicho pronunciamiento.

Lunes, 21 Septiembre 2015 00:00 Publicado en Blog

En atención al principio de mínima intervención del derecho penal, el legislador mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,por la que se modifica el Código Penal, viene a eliminar las faltas y entre ellas la recogida en el anterior artículo 621 referente a las lesiones causadas por imprudencia. Artículo que venía siendo aplicado para castigar muchas de las lesiones causadas en accidentes de tráfico.

  De esta forma quedan despenalizadas todas las conductas imprudentes leves con independencia de la gravedad de las lesiones causadas; así como, las lesiones leves producidas a consecuencia de una imprudencia grave. Y se mantienen en el ámbito del derecho penal por tanto, únicamente, aquellas conductas imprudentes graves que como resultado produzcan lesiones graves en la víctima ó conductas imprudentes graves o menos graves cuyo resultado sea la pérdida o inutilidad de un órgano principal o no principal, una deformidad o el resto de supuestos, de similar gravedad, de los artículos 149 y 150 del Código Penal.

Por tanto vemos como se han despenalizado muchas de las conductas que con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal sí eran constitutivas; en este caso, de una falta. Hecho que si bien no ha sido ajeno a las numerosas críticas que se han venido produciendo sobre todo, por parte de los distintos colectivos de víctimas de accidentes de tráficos; también ha sido apoyado por otros que entienden que en estos supuestos realmente de lo que se trata es de un interés privado y no público, debiendo ser por ende dilucidado ante los tribunales de la jurisdicción civil.

Con independencia de las posibles opiniones que se puedan generar al respecto, lo que creo que no es discutible es que esta nueva regulación carece de la claridad exigible; siendo necesario esperar a la aplicación e interpretación que de ella vengan dando los tribunales; en especial con respecto a que ha de entenderse por imprudencia grave y menos grave así como a sí la práctica habitual será la de proceder al archivo inmediato o la apertura de diligencias hasta informe del médico forense (práctica habitual hasta el momento).

Para cualquier consulta a cerca de este asunto, puedes contactar con nosotros, abogados madrid, y te ayudamos en tus gestión.

 

Lunes, 15 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

Aprovechando la proximidad del verano, donde más desplazamientos trasnacionales se efectúan, vamos a ir aportando una serie de consejos para intentar evitar los problemas más frecuentes a la hora de traspasar fronteras, aportando información básica sobre el funcionamiento de las Aduanas y unos breves consejos a tener en cuenta.Os recordamos que somos una Asesoria Jurídica, Laboral y Fiscal y que nos tenéis vuestra disposición para cualquier consulta.

 

Es este primer artículo, aprovechando la reciente noticia de la detención en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, de doña Dolores Aveiro, madre del jugador de futbol Cristiano Ronaldo, lo dedicaremos al tránsito de divisas.

Lo primero que debemos que tener en cuenta es la naturaleza del desplazamiento, si es dentro de la Union Europea, o fuera de ella. Apuntado lo anterior, tenemos que valorar que el límite de salida, no necesariamente puede coincidir con el “limite de entrada”. Así, podemos ser consecuentes con las normas tributarias de origen pero no de destino.

En la Union Europea, se fija como límite máximo de efectivo la cantidad de DIEZ MIL EUROS. Incluyendo, todo tipo de efectivo y cheques al portador. Esta premisa, no significa que no se pueda transportar más dinero del señalado, sino que, si pretendemos transportar más dinero, necesariamente deberemos de declararlo en la Agencia Tributaria (MODELO S-1). Además, aunque se cumplan las restricciones europeas, se deberá tener en cuenta los requisitos del país de destino, especialmente si es fuera de la UE. (Estas limitaciones se pueden consultar de forma directa en los Consulados o embajadas del país en concreto, o bien, en el Ministerio de Asuntos Exteriores).

Como decíamos, no solo debemos de tener en cuenta los límites para la entrada, sino también los límites de salida, puede darse el caso de que se nos autorice la entrada con una cantidad determinada de efectivo, pero no la salida, o que el instrumento documental que hemos utilizado para la entrada del capital, no tenga validez para la salida.

La inobservancia de estos límites, puede llevar aparejada, como mínimo una sanción administrativa fija, y otra variable en función de la cantidad de dinero incautado, además de la “intervención inmediata del dinero”.

En caso de la madre de Cristiano Ronaldo, y según se ha hecho público, fue interceptada en el Aeropuerto con 55.000 € en su equipaje de mano. Los agentes de Aduanas procedieron a confiscar 45.000 €, al constatar que no están debidamente justificados ni declarados. Ahora, la Sra. Aveiro, deberá de justificar la procedencia del efectivo y enfrentarse a una sanción Administrativa. Si no llegase a justificar la procedencia, y en aplicación la Ley anti blanqueo de capitales, se le podrá confiscar con carácter definitivo.

Estos límites en el efectivo trasportando no son, en general, un delito, sino una sanción Administrativa, aunque dicha consideración o calificacion puede transformarse en delito atendiendo a la falta de justificación, a la sospecha de financiación de Grupos terroristas, o a la cantidad de dinero intervenido, lo que supondría la aplicación, además, del Derecho Penal.

Iván OLALDE IGLESIAS

Abogado