BLOG

Viernes, 10 Febrero 2017 00:00 Publicado en Blog

Sin bien la mayoría de nosotros conoce, al menos a grandes rasgos, que significa contraer matrimonio en régimen de gananciales o en régimen de separación d bienes; no siempre está tan claro con respecto de algunos bienes, si los mismos son privativos o comunes; lo que además no nos preguntaremos, seguramente, hasta que se produzca la disolución del matrimonio y con ello probablemente comiencen los problemas. Así, es necesario saber en primer qué, y entre otros, son bienes gananciales y por tanto de ambos cónyuges:

- Los obtenidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges a partir del matrimonio, como son las nóminas en caso de trabajo por cuenta ajena.

- Los frutos, rentas o intereses a partir del matrimonio, tanto si derivan de bienes gananciales como de bienes privativos. Así por ejemplo: el alquiler que pague el inquilino de un piso tuyo privativo una vez celebrado el matrimonio, pasará a ser un bien ganancial.

Todo lo que se obtenga a título oneroso con bienes comunes y con independencia del destino del mismo. Así, si durante el matrimonio se compra con dinero común un vehículo para uno de los cónyuges y que solo va a ser utilizado por él; dicho vehículo tendrá carácter ganancial. Sin embargo, si bien lo anterior puede resultar más o menos claro para la mayoría, en otros supuestos la calificación como bien común o privativo igual no es tan intuitivo.

Así por ejemplo, será habitual que nos preguntemos: ¿Qué ocurre si ya casados, uno de los cónyuges hereda determinados bienes de su padre o de su madre? ¿ó si ya casados, el padre o madre de uno de los cónyuges decide hacerle a este una donación?.

En ambos casos, el bien obtenido a título gratuito (heredado o donado) será un bien privativo del cónyuge que lo ha recibido.

Y si durante el matrimonio me despiden, ¿qué ocurre con la indemnización que reciba uno de los cónyuges? La indemnización por despido que corresponda con años trabajados vigente el matrimonio, será ganancial.

Sin embargo, si la indemnización que recibe uno de los cónyuges deriva del resarcimiento de un daño sufrido por él, será privativo. Así por ejemplo, una indemnización por unas lesiones sufridas en un accidente. Por tanto; muchos son los supuestos en los que, una vez nos lo planteemos – probablemente y como decía al inicio, ante una situación de crisis- tengamos dudas sobre si ese bien es común o por el contrario privativo de uno de los cónyuges; siendo de vital importancia conocer todos estos extremos y poder decidir, antes de contraer matrimonio y en disposición de toda la información, en que régimen es en el que queremos casarnos.

Si quieres que estudiemos tu caso particular, puedes contactar con nosotros en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o en 91 345 76 04, somo asesores legales en Madrid.

Martes, 10 Enero 2017 00:00 Publicado en Blog

Desde AOL Consultores Legales y Afectados por los Fraudes Financieros” te ayudamos a recuperar los gastos que te haya ocasionado la constitución de una hipoteca sobre tu vivienda.

  

Para que la hipoteca sea válida y se pueda ejecutar en caso de impago es necesario que esté otorgada en escritura pública, esto es, ante notario. Además, se inscribe en el Registro de la Propiedad.

Esta escritura pública conlleva, además, el impuesto de «Actos Jurídicos Documentados» que depende de las comunidades autónomas.

 

No obstante, tenemos que plantearnos ¿quién es el que tiene el interés de que la garantía hipotecaria conste en el Registro de la Propiedad y sea otorgada en escritura pública ante notario? La respuesta es fácil: del Banco. Es el banco el que tiene interés en tener la capacidad de subastar la vivienda para que, en el caso de impago, pueda recuperar la cantidad pendiente del préstamo.

 

Tal y como recoge el Tribunal Supremo, las cláusulas no negociadas que recogen que son de cuenta exclusiva de la parte prestataria los tributos, los gastos ocasionados por la preparación, formalización y tramitación de escrituras, etc… Estas cláusulas son nulas por ir en contra de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

 

Por lo tanto, es posible solicitar primero la devolución de estas cantidades ante la entidad y, en caso de negativa, ante los tribunales la nulidad de la cláusula junto con la devolución de las cantidades pagadas.

En colaboración con “Afectados por los Fraudes Financieros” queremos facilitar la labor de reclamar a todos los afectados por esta cláusula abusiva y hemos preparado un escrito para que se presente a la entidad bancaria y que podéis descargar en el siguiente fichero .

Hay que presentar dos copias en la oficina y, es muy importante, nos tenemos que quedar con una copia sellada. Las entidades tienen dos meses para contestar nuestra petición y, después, se podrá acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

No obstante, también se pueden iniciar los trámites judiciales en cualquier momento, no es necesario esperar la respuesta de la entidad.

Si quieres ampliar cualquier información o estás afectado por una cláusula abusiva de un producto bancario o financiero como las cláusulas suelo o IRPH, Hipotecas multidivisa, bonos subordinados y convertibles del Banco Popular etc… o aún no has reclamado tus participaciones preferentes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Jueves, 15 Septiembre 2016 00:00 Publicado en Blog

En primer lugar hay que tener en cuenta que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, como mínimo los contratos de arrendamiento deberán tener una duración de 3 años (a partir de 6 de junio de 2013 –anteriormente 5 años).

De tal forma que si en el contrato se ha pactado una duración inferior, éste se prorrogara anualmente hasta alcanzar los 3 años de forma voluntaria para el arrendatario y de forma obligatoria para el arrendador.

En concreto: el arrendatario puede –siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses- resolver el contrato en cualquier momento y por cualquier motivo, con la única condición de que comunique tal decisión con una antelación de cómo mínimo 30 días.

Sin embargo, el arrendador como regla general, no puede rescindir el contrato voluntariamente hasta que haya transcurrido el plazo establecido de duración mínimo, es decir, hasta que no hayan pasado 3 años.

Como decíamos, esta es la regla general: Libertad para resolver el contrato por parte del arrendatario una vez transcurridos 6 meses e imposibilidad de rescindir el contrato por parte del arrendador hasta el transcurso de 3 años.

Sin embargo, esto no significa que ante cualquier circunstancia el arrendador tenga que mantener el contrato hasta el transcurso de ese plazo de 3 años y así, la ley prevé –como excepciones a la anterior regla general- que el arrendador también pueda resolverlo con anterioridad cuando:

 

            -Necesite la vivienda para uso propio o para parientes en primer grado y cónyuge divorciado; avisando al inquilino con un plazo de cómo mínimo dos meses de antelación y teniendo en cuenta que si se alega este motivo hay que cumplirlo; no bastando la mera manifestación y previendo la ley, incluso, consecuencias si se incumple.

            -Se den algunas de las causas para la resolución de pleno derecho del contrato que contempla la LAU (artículo 27.2) y entre las que se encuentra por ejemplo: el impago de rentas, el subarriendo o la realización de daños causados dolosamente en la finca.

 

Por tanto, y si bien es cierto que la ley concede una mayor libertad en cuanto a la posibilidad de resolver o desistir del contrato, al arrendatario; el arrendador también se encuentra protegido por ésta, ante posibles circunstancias que pudieran darse- como el impago de rentas- y que en ninguno caso ha de soportar.

En todo caso, siempre hay que tener en cuenta los plazos de preaviso que establece la ley, así como la necesidad de comunicar las decisiones que de resolución o desistimiento se pudieran tomar por cualquiera de las partes y con respecto a la otra. Por tanto, si te encuentras en alguna de las situaciones descritas –o crees que te puedes encontrar- no dudes en consultarnos.

 

Lunes, 05 Septiembre 2016 00:00 Publicado en Blog

Sin lugar a dudas la imagen de familias desahuciadas es una de las que más hondo ha calado en nuestras conciencias durante la crisis. Ver a una familia como la tuya despojada de su techo es, sin lugar a dudas, algo terrible.

 

Pero para bien o para mal, nuestra realidad no es siempre blanca o negra. Ni siempre el desahuciado es "bueno" ni siempre el propietario es "malo".

 

Es también tristemente frecuente el hecho de que particulares con una propiedad arrendada se vean inmersos en largos y penosos procesos judiciales debido a que su inquilino no le paga. Esa falta de pago, sea cual sea su origen o motivación, también trae graves problemas al propietario, ya que este, en muchas ocasiones, tiene que asumir importantes gastos de la vivienda para poder mantenerla, tales como hipoteca, gastos de comunidad, IBI, etcétera.

 

La realidad es que ante una situación de impago como la descrita no cabe si no iniciar acciones judiciales en el ámbito civil, ya que es en dicha jurisdicción donde ha de librarse tal controversia. Y es que si bien nuestro Código Penal castiga con penas de prisión de hasta dos años la usurpación de bienes inmuebles –la conocida por okupación- dicho acto requiere de violencia en las cosas o intimidación en las personas, lo que no suele darse cuando se trata de un antiguo arrendatario.

 

Si bien esta situación es en mucha ocasiones límite y de gran tensión para el propietario, existen “tentaciones” que hay que evitar, tales como:

-         - Amenazar a los inquilinos

-         - Cortar la luz, el agua, el gas…

-         - Insultos a los inquilinos

-       -   Actos de violencia

 

Y es que todas estas actuaciones, lejos de solucionar el conflicto, no solo lo empeorarán, sino que, además, puede provocar graves consecuencias penales para su autor.

 

Por tanto, si te encuentras ante una situación de impago, la mejor solución es acudir de forma rápida a tu abogado a fin de poder iniciar cuanto antes el proceso judicial adecuado.