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Martes, 13 Noviembre 2018 00:00 Publicado en Blog

Hoy he sido entrevistado en el programa de Radio Nacional de España “El Gallo que No Cesa” (podéis escucharla aqui) sobre los vaivenes del Tribunal Supremo en referencia a quién ha de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Os dejo la entrevista:

¿Qué es el Impuesto de de Actos Jurídicos Documentados y cómo se calcula?

En lo que a las hipotecas se refiere, es un impuesto que grava la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

Como todo impuesto varía según el importe del hecho imponible, es decir, el importe del préstamo con garantía hipotecaria a inscribir. Se calcula que su importe es entre el 1 y el 1,5% de dicha cuantía.

¿En qué situación nos encontramos ahora mismo?

En estos momentos tenemos en vigor el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre que entró en vigor el domingo 11 de noviembre y que establece que será obligado al pago en el caso de inscripción de préstamos con garantía hipotecaria el prestamista, es decir, el banco.

Es importante resaltar que este Real Decreto Ley debe ser ratificado por el Congreso de los Diputados en 30 días.

¿Revisarán los bancos sus ofertas? ¿Lo repercutirán al consumidor?

En los últimos días se ha escuchado de forma reiterada la expresión “la banca siempre gana”. Podemos estar de acuerdo con esa expresión o no, pero lo cierto es que el sector financiero tiene mucho músculo y si ven incrementados sus gastos, lo repercutirán de una forma u otra en sus clientes.

Si ya se ha pagado el impuesto ¿qué vías tengo para reclamar?

La ley no es retroactiva, por tanto desprende sus efectos a futuro. No obstante, queda abierta la vía de luchar dicho pago pasado como fruto de una cláusula abusiva impuesta por el banco, aunque la realidad es que las vías han quedado muy restringidas por las interpretaciones del Tribunal Supremo.

¿Existen precedentes de que el Gobierno apruebe un Real Decreto que contradiga al Tribunal Supremo?

La verdad que lo que hemos vivido en las últimas semanas creo que es inédito, sobre todo en lo que a “acción/ reacción” se refiere.

En cualquier caso, la labor del Ejecutivo y del Legislativo es evitar que haya interpretaciones dispares de las normas y dotarnos de un ordenamiento jurídico lo más claro posible, por tanto creo que es de alabar el aclarar la normativa.

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno es la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente ¿cuándo podría estar activa?

Esta Autoridad deberá ser regulada y aprobada por ley, por tanto aún no podemos saber mucho de ella ni de su aplicación.

En cualquier caso, y pese a los últimos vaivenes, creo que los consumidores deben encontrar su mejor defensor en los Juzgados y Tribunales y que el canal de esa defensa somos los abogados.

Martes, 30 Octubre 2018 00:00 Publicado en Blog

En las últimas semanas hemos tenido diferentes noticias que afectan a políticos y personajes públicos que han visto como sus conversaciones eran grabadas y, posteriormente, difundidas. Esta nueva realidad social hace surgir muchas dudas que tratamos de resolver en este vídeo de nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/FuS8CjU0Hak

Si tienes más dudas, no tengas reparo en consultarmos.

Lunes, 22 Enero 2018 00:00 Publicado en Blog

En fecha de 8 de enero de 2017 la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado, de nuevo, que son nulas las sanciones de tráfico captadas por un dispositivo foto-rojo y que suponen, en el caso de las impuestas por el Ayuntamiento de Madrid, el pago de una multa por importe de 200,00 euros y la detracción de 4 puntos en el permiso de conducir.

 

Este sistema consiste en la instalación de cámaras en los semáforos a efectos de comprobar el cumplimiento de la normativa de detención de los vehículos en las intersecciones; habiéndose recaudado en Madrid en el año 2016, la cuantiosa suma de 10.271.400 euros, doblando así la cantidad obtenida durante el año anterior.

 

Esta Sentencia se suma a la ya dictada en estos mismos términos por el Tribunal Supremo en el año 2015; así como a muchísimas otras que han venido dictándose por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y que una vez más pone de relieve la falta de garantías jurídicas y la falta de fiabilidad de este sistema de captación de imágenes.

 

A pesar de todos estos pronunciamientos relativos a la legalidad del sistema, los Ayuntamientos continúan utilizando el mismo, imponiendo las correspondientes sanciones que incluso han visto como se incrementaban en más del doble en el año 2016 e incrementando, evidentemente, la recaudación obtenida con las mismas.

 

Por ello, si ha sido sancionado por rebasar un semáforo en fase roja según el sistema foto-rojo, ponte en contacto con nosotros y recurre.

Jueves, 04 Mayo 2017 00:00 Publicado en Blog

La crisis económica ha dado lugar a una nueva realidad social, y es el fenómeno de la usurpación de viviendas vacías por familias en estado de necesidad.

 

Esta situación, como es por otro lado natural, preocupa sobremanera al sector inmobiliario, pues puede producirse la situación que, debido a la ralentización del mercado en las ventas, las viviendas construidas puedan permanecer un tiempo vacías, con el consiguiente riesgo.

 

Ante una situación de usurpación de una vivienda, si bien el Derecho Penal ha de ser considerado como la última vía debido a su propia configuración, la realidad es que a la hora de la verdad es la jurisdicción más ágil, si es que hay alguna que sea merecedora de tal adjetivo.

 

Establece el Artículo 245.2 del Código Penal que:

"El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses".

Si observamos el tipo penal, observamos que sus elementos son claros:

? Requiere la ocupación sin autorización debida”.

? Requiere en su defecto que los denunciados “Se mantengan en la vivienda contra la voluntad de su titular”: Esto a su vez requiere que el titular de la vivienda manifieste de forma fehaciente e inequívoca su deseo de que los ocupantes abandonen la vivienda.

 

Esto nos lleva a que el propietario de la vivienda, antes del inicio de la acción penal, ha de notificar de forma fehaciente al ocupante su deseo firme y sin ambages de que abandone la vivienda, no debiendo existir entre ambos ningún vínculo contractual.

 

Al igual que en todo conflicto, la estrategia a adoptar es fundamental, de ahí que la labor preventiva del asesor jurídico sea determinante para el buen fin del mismo, por tanto, o dudes en consultarnos y en asesorarte debidamente.