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Lunes, 23 Mayo 2016 00:00 Publicado en Blog

Lamentablemente, el acoso escolar no es ninguna novedad, es un problema que siempre ha estado y existido en nuestras escuelas, lo que sí es cierto, es que el nivel y la gravedad de estas conductas ha crecido exponencialmente en los últimos años y más a raíz de la aparición de nuevas tecnologías hasta alcanzar cifras muy preocupantes para organizaciones como la Organización Mundial de la Salud que señalan que es una lacra que afecta a 600 mil de niños y adolescentes.

 

Esta realidad ha supuesto que los índices de suicidios, depresiones, absentismo escolar, hayan crecido de forma paralela a este problema, y, por tanto, la pregunta que todo padre se ha de realizar es ¿qué puedo hacer si mi hijo sufre este acoso?

 

Este problema es poliédrico y evidentemente se ha de afrontar desde varios espacios, y si bien la ayuda de un psicólogo es un aspecto positivo que ha de valorarse, la ayuda legal también es fundamental.

 

La respuesta jurídica es amplia, pues podemos exigir desde una infracción tipificada como muy grave en el Plan de Convivencia que todo centro escolar ha de tener, lo que puede llevar a la expulsión del alumno infractor, hasta la respuesta judicial.

 

La vía penal se puede aplicar pues muchas de las conductas de acoso pueden ser tipificadas como delitos de lesiones, amenazas, coacciones, injurias e, incluso homicidio.

 

Como todo proceso penal, la denuncia es fundamental, por ello, si bien los hechos se pueden denunciar ante la Policía o Guardia Civil, lo recomendable es hacerlo a través de denuncia ante los Juzgados de Instrucción pues, solo así, podremos explicar y realizar un correcto relato de hechos y de las consecuencias que estos estén originando al menor.

 

La figura del colegio es clave en todos los términos, pues si bien en un inicio es fundamental para frenar o tratar de frenar la situación, en caso de no haber colaborado, puede pasar de ser un mero espectador a protagonista, ya que las acciones judiciales también se podrán dirigir, bien contra los profesores como contra el centro escolar.

 

Si tu hijo o hija sufre este problema, no dudes en consultarnos para asesorarte.

Viernes, 06 Mayo 2016 00:00 Publicado en Blog

Esta pregunta hasta hace unos años era negativa, pero una de las mayores novedades en el ámbito del Derecho Penal en las últimas décadas ha sido la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El “Compliance Penal” o programa de cumplimiento normativo busca identificar los riesgos y establecer los mecanismos de control adecuados para que esos peligros no se materialicen.

 

Con el objetivo de impedir la comisión de delitos, nuestra legislación establece unas circunstancias que eximen y que atenúan la responsabilidad criminal, entre ellas se encuentra:

Que la empresa tenga un modelo de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos”.

 

Al igual que ya ocurriera con los Planes de Prevención de Riesgos Laborales o las auditorías relativas a la Ley Orgánica de Protección de Datos, los programas de cumplimiento normativo penal han de formar parte del ADN de la empresa, con independencia de su tamaño o, incluso, sector.

 

Parece evidente que existen sectores que son especialmente sensibles, como puede ser el de las Residencias Geriátricas, ya que contiene un trato humano y técnico de suma especialización.

 

Ante esta situación, el empresario y el Director de la Residencia Geriatrica ha de formularse algunas preguntas:

¿Qué consecuencias puede tener en la empresa?

Existen dos posibles consecuencias:

  • Consecuencias penales: Las penas a las que se puede condenara a la empresa son:
    • Multa
    • Disolución de la persona jurídica
    • Suspensión de sus actividades
    • Clausura de locales
    • Prohibición de realizar en el futuro actividades
    • Inhabilitación
    • Intervención judicial
  • Responsabilidad civil
    • Reparación del daño
    • Indemnización
    • Costas procesales

 

¿Lo necesita mi empresa?

Preguntémonos…

  • ¿Puede uno de mis socios contratar a un proveedor en beneficio propio?
  • ¿Mi empresa tiene el plan de prevención de riesgos laborales?
  • ¿Mis empleados manejan información confidencial de clientes?
  • ¿Mi empresa ha emitido poderes?
  • ¿Utilizo alguna “nube” para almacenar información?
  • ¿Pago o cobro algún tipo de “comisión”?
  • ¿Existe algún tipo de control ante la discriminación entre los trabajadores?
  • ¿Utilizamos sistemas informáticos “piratas”?
  • ¿Cabe la posibilidad de que algún trabajador se apropie de algún bien de un residente?
  • ¿Podría ocurrir que un trabajador lesione a un residente?
  • ¿Puede ocurrir que se realice un diagnóstico erróneo o que se aplique un tratamiento incorrecto a un residente?
  • ¿Tengo algún trabajador sin la formación adecuada?

 

Si hubo algún “sí”, podemos encontrarnos ante la comisión de un delito que puede afectar a la propia empresa y que puede, incluso, hacer peligrar su viabilidad o existencia.

 

¿Qué hace AOL Consultores Legales?

La función de nuestro Despacho será la elaboración de dicho programa de cumplimiento normativo, que contendrá:

  • Análisis de la identidad de la empresa.
  • Estudio de la organización de la empresa.
  • Estudio de los puestos de trabajo y funciones.
  • Estudio de los procesos de toma de decisiones y de contratación.
  • Estudio de la situación normativa que afecta a la empresa y al sector.
  • Análisis de riesgos concretos.
  • Valoración jurídico/ Penal
  • Protocolos de actuación
  • Establecimiento de modelos de gestión
  • Establecimiento de sistema disciplinario
  • Sistemas de control y verificación

 

¿Tienes dudas al respecto? ¿Quieres implantar este programa en tu Residencia Geriátrica o en cualquier otra empresa? No dudes en consultarnos, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para solucionar tus dudas.

 

Martes, 22 Marzo 2016 00:00 Publicado en Blog

Según el diccionario de la Real Academia Española, por indulto se entiende la “gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena”; decisión esta que en nuestro país es tomada por el Gobierno en Consejo de Ministros.

La figura del indulto se regula en una Ley que es, nada más ni nada menos de junio de 1870 y que prácticamente sigue intacta a día de hoy, 2016; no habiendo adquirido la mayoría de la sociedad conocimiento de la misma, o más bien, de cómo esta se venía aplicando, hasta el 2012; debiéndose esto principalmente a algunos más que polémicos indultos que en esos años, se produjeron y saltaron a la prensa.

Efectivamente y a pesar de que la mayoría de la sociedad permaneciéramos al margen de ello, el uso que de esta figura ha venido haciendo nuestro poder ejecutivo no puede más que calificarse de arbitrario e incluso caprichoso y despótico; bastando como ejemplo los 1.328 indultos que se concedieron el 1 de diciembre del año 2000 porque –según palabras del Ministro de Justicia de aquel entonces- se acababa el milenio, era año jubilar y el 25 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos.

Pues bien, parece que el problema de que esto venga ocurriendo –aunque bien es cierto que de una forma menos acusada desde 2013, siendo estos últimos años en los que menos indultos, y con diferencia, se han concedido desde 1996- es el hecho de que la decisión que ha de tomar el poder ejecutivo, ni tiene que ser motivada, aunque en la exposición de motivos de la Ley que lo regula si se recoge tal requisito; ni tiene por qué tener en cuenta lo que para el caso concreto determine ni el juez sentenciador ni instituciones penitenciarias.

No es ni mucho menos minoritaria la opinión que aboga por la abolición de esta institución; sin embargo, no podemos olvidar que el indulto, pese al uso que se ha hecho del mismo y que nada tiene que ver con aquel para el que fue concebido; es una institución que trata de dar respuesta a aquellas situaciones en las que debido a la estricta aplicación de las leyes, se ha producido una injusticia. Por lo que en mi opinión, se trata de una figura necesaria pero que requiere una ni mucho menos necesaria regulación renovada y que realmente ponga límites a la aplicación de la misma por pare del ejecutivo.

Así, para las últimas elecciones generales, tres de las cuatro grandes fuerzas políticas en nuestro país, incluyeron alguna referencia al indulto en sus programas electorales; manteniendo cada una de ellas una posición diferente al respecto. Así, Ciudadanos – y a pesar de que anteriormente anunciaba una línea más similar a la del PSOE- en su programa elige un sistema que sin distinguir entre tipos delictivos, exige en todos los casos, una mayor motivación y establece la imposibilidad de que el ejecutivo contradiga la opinión del tribunal sancionar o los informes técnicos. Frente a esta postura, el PSOE, si bien también incluye la necesaria motivación de los indultos, opta por excluir la posibilidad de indulto para determinados tipos delictivos; en concreto, para todos aquellos que estén vinculados a supuestos de corrupción y violencia de género. Por su parte, el PP viene a realizar una propuesta un tanto difusa y que no mucho dice al respecto, estableciendo que impulsarán una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno.

 

De todas ellas, a mi entender, quizás la mejor fórmula no sea discriminar en función del tipo delictivo sino el establecer unas línea bien definidas que poco o ningún margen de discrecionalidad puedan dejar al poder ejecutivo.

Jueves, 18 Febrero 2016 00:00 Publicado en Blog

AOL Consultores Legales en un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) habilitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, lo que nos permite poner en marcha tu negocio de forma rápida, sencilla y barata.

 

  • Rápida

      Afortunadamente quedaron atrás las tediosas gestiones y la carrera de obstáculos que era el constituir una mercantil. Gracias nuestra ayuda podrás iniciar tu actividad en un periodo que oscilará entre 3 y 7 días.

 

  • Sencilla

      Nosotros nos ocupamos de todo, desde la reserva del nombre en el Registro Mercantil hasta la organización de la firma en la notaría, para que solo tengas que preocuparte de lo realmente importante, tu negocio.

Si rellenas este formulario (aquí), podemos empezar los primeros trámites.

 

  • Barata

      Tanto que nuestra labor la realizamos por ceso euros. Solo tendrás que pagar las tasas del Registro Mercantil y los honorarios de la notaría, de tal forma que el coste total de la puesta en marcha oscile entre los 200 y 400 euros.

 

Si quedas satisfecho con nuestra labor, te ofrecemos nuestros conocimientos en asesoría mercantil y te facilitaremos todo nuestro apoyo y conocimiento y podrás contra con tu un equipo de profesionales a tu servicio.

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