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Lunes, 13 Julio 2015 00:00 Publicado en Blog

Los derechos de autor son una parte importante del derecho de propiedad industrial que también alberga otros como el derecho de los productores; y como tal, se regulan en la Ley de Protección Industrial (a partir de ahora LPI), que en nuestro país, data del año 1996.

Sobre los derechos de autor existen multitud de mitos. Uno de ellos encuentra su respuesta en el artículo 1 de la LPI y se refiere a si es necesario registrar la obra creado para poder ejercitar los derechos de autor vinculados a la misma. La respuesta es que no; correspondiendo al autor de la obra la propiedad intelectual por el mero hecho de su creación.

La LPI reconoce a este derecho una doble naturaleza, moral y patrimonial. En cuanto a la reproducción de vídeos en espacios públicos nos interesa el derecho de comunicación pública (art. 20) dentro de los patrimoniales. Este derecho supone que no se podrá, por quien no sea el titular del derecho sobre la obra en concreto, proyectar o exhibir las mismas ante una pluralidad de personas que vaya más allá del ámbito estrictamente doméstico. Por tanto no se podrán exhibir videos en espacios públicos, ya sean bares, restaurantes, gimnasios, etc... sin el correspondiente permiso.

Relacionado con esto, mucha gente cree que hay determinados minutos que si se pueden reproducir sin infringir los derechos de autor; sin embargo, esto no es así, o al menos del texto de la ley no puede deducirse.

Lo mismo puede decirse sobre las creencias populares de que por el mero hecho de mencionar al titular del derecho no está infringiendo el mismo y de que tampoco se infringirán si no se obtiene un beneficio económico. En ambos casos, aunque se cite y aunque no se esté obteniendo ingreso alguno, se podría estar vulnerando el derecho de autor del legítimo titular.

La LPI contiene excepciones a lo anterior a partir de su artículo 31; sin embargo, no parece que la exhibición de videos en un local abierto al público encaje en ninguna de ellas.

Por tanto, parece que las posibilidades se restringen a aquellas obras que por el transcurso de tiempo hayan pasado al dominio público (que en España ocurre pasados 70 años desde la muerte del autor) o a aquellas obras que se hayan constituido bajo las denominadas licencias Creative Commons que permiten, con matices, la utilización de las obras por otras personas. Canales como youtube permiten la creación de contenido bajo esta licencia. Para el uso por parte de todos dispone de un filtro denominado Creative Commons que si se selecciona, nos mostrará únicamente los resultados de videos que se han creado bajo esa licencia.

Y no olvides que, si tienes dudas, puedes consultarnos, seremos tu asesoría legal de confianza.

 

 

 

Jueves, 18 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

En el ejercicio de nuestro ejercicio diario como asesoría jurídica nos encontramos con múltiples incidencias que afectan a nuestros clientes, y en especial a la empresas.

Es trístemente habitual que empresas y particulares acudan a un despacho jurídico una vez les ha surgido el problema o el posible problema, buscando la forma bien de solucionarlo, bien de minimizar los daños. Evidentemente, esa labor es parte de nuestro día a día, pero a nuestros clientes siempre les recomendamos y asesoramos a fin de ir un paso por delante, pues solo con la debida previsión se pueden evitar los problemas.

Una frase que digo muy habitualmente es que no podemos evitar que otro nos denuncie o demande, pero sí podemos evitar que un juez le de la razón. ¿El secreto? Conociendo las necesidades, particularidades y obligaciones del cliente y adelantándose a ellas.

Ahora reflexiona y hazte estas preguntas:

   ¿He hecho previsiones contables y financieras?

   ¿Se cómo van a ser mis impuestos el próximo trimestre?

   ¿Conozco los costes laborales de mis empleados?

   ¿Conozco los tipos de contratos laborales y las subvenciones/ ayudas?

   ¿Firmo los contratos adecuados con mis clientes?

   ¿Conozco los riesgos penales en que puede incurrir mi empresa?

 

Si la respuesta es un "sí" a todo, enhorabuena, si existe algún "no" consúltanos, estaremos encantados de ayudarte y asesorarte.

 

Lunes, 08 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

Sigue ocurriendo aún con demasiada frecuencia que por problemas de tesorería las empresas no puedan atender al pago de la nómina de sus empleado, y bien, ante ésto ¿Que puedes hacer si no te pagan?

Lo  fundamental en éstos casos es:

1. Hay que seguir trabajando: cuando se produce el impago se incurre un incumplimiento de las obligaciones empresariales, pero en ningún caso anula las obligaciones contractuales para el trabajador, es decir, debemos seguir trabajando.

2. Reclamar la cantidad: El trabajador puede reclamar la cantidad que se le debe, en la jurisdicción laboral, tiene para hacerlo el plazo de un año desde que la deuda es exigible por primera vez, y no tienes por qué esperar a que te deban más meses.

3. Resolución contrato por causa justa: cuando se acredite la falta de pago o retrasos continuados el trabajador tiene derecho a resolver su contrato (según el Art. 50 del Estatuto de los trabajadores) con una indemnización igual que para el despido improcedente y, por tanto, la resolución del contrato por impagos también genera derecho a percibir prestación por desempleo. El plazo para ejercer ésta acción es de un año también, pero a diferencia de la reclamación de salarios, sí que la jurisprudencia establece que se considera “incumplimiento grave” al menos tres impagos de salarios.

Por último, aclarar que no hay que elegir entre reclamar la cantidad e instar la resolución del contrato, ambas son compatibles.

¿Y si mi empresa no tiene dinero?

Si la empresa no tiene liquidez para el abono de las nóminas o de la indemnización que corresponda en caso de haber optado por solicitar la rescisión del contrato, será el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) quien se haga cargo de los pago, pero OJO, que tiene limitaciones:

Salarios debidos: no abonará más de 120 días con un tope de 6.042€ para el año 2015.

Indemnizaciones: no abonará más de 30 días por año de contrato (en este tipo de extinción únicamente) con el límite de 18.377,75€.

 

No dudes en contactar con nosotros, asesoría laboral en Madrid, para cualquier consulta.

Jueves, 07 Mayo 2015 00:00 Publicado en Blog

El 1 de julio entra en vigor la enésima reforma del "Código Penal de la Democracia" del cual queda poco debido a estas múltiples reformas y remiendos.

 

Una de las novedades es la desaparición de las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, y a raíz de esta consecuencia, he percibido un cierto temor, como veremos infundado, a que se quede impunes actuaciones o hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

 

Es decir, ¿qué ocurre si una persona comete un hecho tipificado como falta en enero de 2015 (antes de la reforma) y está citado a juicio el 30 de julio de 2015 (después de la reforma)?

 

El legislador ha previsto esta situación a través de la Disposición Transitoria Primera la cual señala que estos hechos cometidos, siempre que sigan siendo punibles bajo la nueva denominación de Delitos Leves, se juzgarán conforme establecía el Código Penal antes de la reforma siempre que esto sea más favorable para el reo, es decir, para el denunciado, pues en nuestro sistema penal rige el principio de la irretroactividad de las normas penales, las cuales, en todo caso, solo serían aplicables las que pudieran beneficiar al reo.

 

Si atendemos a casos concretos como es la falta de desobediencia a la autoridad, como el famoso "incidente" de tráfico de Esperanza Aguirre, nos encontramos con que la nueva redacción del Código Penal no despenaliza estos hechos, sino que, por el contrario los agrava, toda vez que las penas a aplicar pasan de una multa de 10 a 60 días (actual artículo 634) a una multa de 1 a 3 meses (nuevo artículo 556.2) de tal forma que los hechos deberían ser juzgados, y en su caso condenados, conforme establecía la legislación aplicable en el momento de ocurrir los hechos.

 

Lo mismo ocurre con una falta muy habitual en nuestros Juzgados de Instrucción como es la falta de hurto, la cual se pena actualmente con localización permanente de 4 a 12 días o multa de 1 a 2 meses (Artículo 623) y que será penada con mayor pena, de 1 a 3 meses, con la nueva redacción del Código Penal.

 

Cosa distinta ocurre con las faltas que penaban los incumplimientos familiares y que lastraban el funcionamiento de los Juzgados de Instrucción, y es que el artículo 618.2 del Código Penal castigaba con multa 10 días a 2 meses a los autores de estas faltas que consistían, por lo general, en el impago de una o dos mensualidades de la pensión de alimentos o incumplimientos en el régimen de visita de los padres divorciados o separados por sentencia firme, actuaciones que, a partir del 1 de julio, quedan despenalizadas.

 

De todos modos, cada caso merece un estudio pormenorizado, y si tienes dudas al respecto, estaremos encantados de darte la mejor asesoría legal.