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Viernes, 13 Mayo 2016 00:00 Publicado en Blog

Recientemente, en uno de los múltiples grupos de whatsapp recibí una fotografía de una mujer desnuda –menuda novedad, pensaréis- y me hizo reflexionar –eso sí es más novedoso- al respecto.

Y es que resulta evidente que si bien la persona que difundió la imagen de su, posiblemente, pareja o ex pareja, era consciente de que dicho acto no era éticamente correcto, pero tengo serias dudas de que fuera conocedor de que estaba cometiendo un delito.


Tras la última reforma del Código penal, se introdujo el artículo 197.7 que viene a señalar:


Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa”.


Para el lego en derecho, podemos especificar que, la pena en cuestión a la que la persona se expone es de 7 meses y 16 días a un año de prisión, además, obviamente, de la consiguiente indemnización derivada de los daños morales sufridos.


Ciertamente, el hecho, además de ser denigrante para quien lo sufre, no es ninguna “tontería” para quien lo comete.


Aprovecho también para revocar un falso mito que ha sido ampliamente divulgado por los medios de comunicación, y es que “las penas de prisión inferiores a dos años no se cumplen”. Aquí es importante recordar, que el Código Penal no dice de esto –o no exactamente-, pues viene a señalar que:


"Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos
1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. (…).
2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado (…)".


Quiero resaltar el “podrán dejar en suspenso” ya que no es una regla matemática –aunque sí habitual- y en más de una ocasión algún condenado se ha dado un buen susto.


Pero además de las posibles consecuencias, también hay que reflexionar sobre que si las “mentiras tienen las patitas muy cortas”, más cortas las tiene este delito, ya que no solo la víctima tiene claro quién ha cometido el delito, sino que al ser un archivo informático, los metadatos del mismo serán el mejor “testigo” imaginable.


Si has sido víctima de un hecho así, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y denunciar tales hechos.

Martes, 10 Mayo 2016 00:00 Publicado en Blog

El pasado 3 de mayo se publicaba la convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio y de nuevo –puesto que a pesar de haberse decidido activar una Comisión de Investigación sobre el sistema, esto todavía no ha sido posible- se pone en marcha el sistema denominado “voto rogado” y a través del cual los no pocos españoles residentes en el extranjero tratarán de lograr votar y de que en caso de conseguirlo este voto llegue a tiempo.

 

Para ello en primer lugar es imprescindible distinguir entre aquellos españoles que residen en otro país de forma temporal (que por ejemplo se encuentren disfrutando una Beca Erasmus), de aquellos que residen de forma permanente:

A.- Comencemos por los que, en palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores, “están de paso en el extranjero” (residentes temporales) y que tendrán que:

  • Del 4 al 28 de mayo deberán acudir al Consulado correspondiente para inscribirse como No Residente, si no estuvieran ya inscrito, y solicitar el voto.

*Si llevas inscrito desde hace más de 1 año, debes acercarte de entre el 9 y el 16 de mayo, ya que es posible que se te pida la inscripción como residente

  • A partir del 6 de junio recibirás en tu domicilio (el que conste en la embajada) la documentación electoral por correo postal.
  • Hasta el 22 de junio, deberás enviar por correo tu voto a la Mesa Electoral que te corresponda aquí en España.

 

B.- Por otro lado, para aquellos que residan con carácter permanente en el extranjero deberán:

  • Del 9 al 16 de mayo deberán acudir al Consulado y revisar que están inscritos en el censo. Si no lo estuvieras tendrás que gestionar en alta, no pudiendo hacerlo una vez transcurrido dicho plazo.
  • Del 4 al 28 de mayo deberás rogar tu voto, siempre que en el paso anterior confirmes tu correcta inscripción y para lo que tendrás que:
    • Cumplimentar la solicitud que puede obtener en la Sede Electrónica del INE
  • Enviarla junto con tu DNI e Inscripción en el Censo de no residentes por fax o correo a la Delegación Provincial del Censo que os correspondo o de forma telemática.
  • A partir del 6 de junio recibirás en tu domicilio la documentación electoral por correo postal.
  • Hasta el 21 de junio podrás enviar el voto por correo a tu consulado o votar presencialmente en la urna habilitada en el Consulado entre el 22 y 24 de junio.

 

Procedimientos ambos bastante farragosos y que esperamos, una vez se ponga en marcha la Comisión de Investigación de este sistema, se mejore y agilice; pues el mismo, a pesar de ser de 2011 parece proceder de un tiempo mucho más lejano.

Miércoles, 03 Junio 2015 00:00 Publicado en Blog

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género circunscribe su ámbito de aplicación a la violencia que se produce en el seno de la pareja y en la que el sujeto agresor ha de ser un hombre y el sujeto pasivo o víctima, una mujer.

 

Así,en concreto, en su artículo 1 establece que “la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres

 

Junto a esta violencia denominada de género tenemos la llamada violencia doméstica, que no es lo mismo. Esta última puede definirse como toda violencia ejercida por cualquier persona (no se exige que sea un hombre), sobre los sujetos pasivos que se describen en el artículo 173.2 del Código Penal y que se refieren al círculo familiar (no requiriendo por tanto, que la víctima sea necesariamente una mujer).

 

Con este panorama, se han suscitado muchas dudas sobre qué ocurre cuando se dan situaciones de violencia en parejas o matrimonios formados por dos hombres o por dos mujeres. ¿Y qué ocurre con los transexuales?

 

Del concepto jurídico de violencia de género que se maneja en nuestra legislación y que hemos expuesto, parece que los gays quedarían excluidos como potenciales víctimas al ser hombres así como también quedarían excluidas las lesbianas que agredieran a su pareja.

 

Estos supuestos deberán reconducirse a la violencia doméstica y así se pone de manifiesto claramente en la Circular 4/2005 de la Fiscalía General del Estado al decir que la LO 1/2004 excluye de su ámbito de especial protección a las parejas del mismo sexo aunque reconoce que en estos casos también se pueden reproducir relaciones de dominación como las perseguidas por la misma, por interiorización y asunción de los roles masculinos y femeninos y de sus estereotipos sociales. En los mismos términos se ha pronunciado también nuestro Tribunal Supremo negando la posible interpretación extensiva de esta norma a aquellas parejas en las que ambos miembros son del mismo sexo pues estos supuestos no se contienen es la descripción típica y supondrían una interpretación contra reo.

 

En cuanto a las víctimas transexuales esa misma Circular 4/2005 plantea un panorama totalmente diferente al, en este caso, incluirlas dentro del ámbito de aplicación de la LO 1/2004 siempre que el agresor sea varón y la víctima sea mujer. A estos efectos, y aunque hasta 2007 se venía exigiendo por los tribunales, con la Ley 3/2007 de 15 de marzo se suprime el requisito de la cirugía de reasignación sexual para que la mujer transexual víctima de malos tratos puede obtener la protección integral reconocida por la LO 1/2004. Además tampoco se exige a estos efectos que la mujer transexual haya acudido al Registro Civil para rectificar el asiento relativo a su sexo siendo suficiente en el marco penal que quede acreditada su condición a través de informes médicos-forenses e informes psicológicos, permitiendo especialmente a las mujeres extranjeras, acceder a la protección a la que tienen derecho.

Por tanto, parece que por el momento y debido al concepto que se maneja en nuestro país de violencia de género basado en la protección de la mujer frente a las agresiones de su pareja (hombre), no tienen cabida de ningún manera, el resto de formas de violencia que aún produciéndose también en el ámbito de la pareja, que se diferencia del ámbito familiar, entre otras cosas, por una mayor intimidad, no se ejerzan por un sujeto activo varón y una víctima mujer. Esto, que parece injusto, tan injusto como aquellas situaciones de violencia en una pareja heterosexual pero en las que el sujeto activo es la mujer y la víctima hombre y que también se reconducen por la vía de la violencia doméstica, parece no poder ser de otro modo según la configuración de la violencia de género que conocemos hasta el momento y que surgió ante la necesidad acuciante de luchar contra esta lacra social a la que parece estarse haciendo frente poco a poco. Sin embargo, el problema que se está planteando ahora aquí también necesita emerger, hacerse visible y obtener una respuesta más apropiada.

En cualquier caso, sea cual sea tu orientación sexual, si eres víctima de violencia, busca un abogado penalista y defiende tus Derechos, está en tu mano.

 

 

Jueves, 07 Mayo 2015 00:00 Publicado en Blog

El 1 de julio entra en vigor la enésima reforma del "Código Penal de la Democracia" del cual queda poco debido a estas múltiples reformas y remiendos.

 

Una de las novedades es la desaparición de las faltas de nuestro ordenamiento jurídico, y a raíz de esta consecuencia, he percibido un cierto temor, como veremos infundado, a que se quede impunes actuaciones o hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

 

Es decir, ¿qué ocurre si una persona comete un hecho tipificado como falta en enero de 2015 (antes de la reforma) y está citado a juicio el 30 de julio de 2015 (después de la reforma)?

 

El legislador ha previsto esta situación a través de la Disposición Transitoria Primera la cual señala que estos hechos cometidos, siempre que sigan siendo punibles bajo la nueva denominación de Delitos Leves, se juzgarán conforme establecía el Código Penal antes de la reforma siempre que esto sea más favorable para el reo, es decir, para el denunciado, pues en nuestro sistema penal rige el principio de la irretroactividad de las normas penales, las cuales, en todo caso, solo serían aplicables las que pudieran beneficiar al reo.

 

Si atendemos a casos concretos como es la falta de desobediencia a la autoridad, como el famoso "incidente" de tráfico de Esperanza Aguirre, nos encontramos con que la nueva redacción del Código Penal no despenaliza estos hechos, sino que, por el contrario los agrava, toda vez que las penas a aplicar pasan de una multa de 10 a 60 días (actual artículo 634) a una multa de 1 a 3 meses (nuevo artículo 556.2) de tal forma que los hechos deberían ser juzgados, y en su caso condenados, conforme establecía la legislación aplicable en el momento de ocurrir los hechos.

 

Lo mismo ocurre con una falta muy habitual en nuestros Juzgados de Instrucción como es la falta de hurto, la cual se pena actualmente con localización permanente de 4 a 12 días o multa de 1 a 2 meses (Artículo 623) y que será penada con mayor pena, de 1 a 3 meses, con la nueva redacción del Código Penal.

 

Cosa distinta ocurre con las faltas que penaban los incumplimientos familiares y que lastraban el funcionamiento de los Juzgados de Instrucción, y es que el artículo 618.2 del Código Penal castigaba con multa 10 días a 2 meses a los autores de estas faltas que consistían, por lo general, en el impago de una o dos mensualidades de la pensión de alimentos o incumplimientos en el régimen de visita de los padres divorciados o separados por sentencia firme, actuaciones que, a partir del 1 de julio, quedan despenalizadas.

 

De todos modos, cada caso merece un estudio pormenorizado, y si tienes dudas al respecto, estaremos encantados de darte la mejor asesoría legal.