¿Son delito los amaños de partidos?

Escrito por  Miércoles, 05 Abril 2017 00:00

Si tuviéramos que contestar de forma rápida, la primera respuesta sería “sí, claro”, máxime cuando a lo largo de la semana venimos escuchando noticias sobre el “Caso Eldense”, en el cual, por el supuesto amaño de un partido de la Segunda División B, se han producido diversas detenciones.

Nuestro Código Penal introdujo en su reforma del 2010 la figura de la denominada ”Corrupción entre particulares” que buscaba, sin éxito como veremos, el castigar ciertos compartimientos delictivos que pudieran afectar al ámbito privado, incorporándose la esfera del deporte.

La actual redacción de dicho artículo señala:

1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate.

 

Si observamos bien el tipo penal, podemos ver que únicamente pueden ser sujetos activos los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, así como los deportistas, árbitros o jueces, lo que deja impunes conductas tales como la compra de partidos por particulares, es decir, el Código Penal deja impune el que, en estos momentos, parece uno de los mayores peligros para el mundo del deporte, las apuestas y los intereses de mafias en la compra de resultados. Esto nos lleva a que el delito sólo lo cometería el sujeto relacionado a la actividad deportiva y solo el que haya “recibido, solicitado o aceptado”, dejando fuera a uno de los principales actores en un amaño, es decir, al que “compra” el resultado.

También deja fuera las conductas cometidas fuera del ámbito del deporte profesional, lo que afecta de forma considerable al “caso Eldense”, ya que el propio Código Penal recoge tras la última reforma qué considera como “competición deportiva de especial relevancia” y deja expresamente fuera a la Segunda División B del fútbol español, toda vez que no se trata de la “competición oficial de la máxima categoría de la modalidad”, lugar en el cual, según diversas noticias de prensa, se están produciendo de forma –casi generalizada- el amaño de partidos.

Por tanto, si bien la introducción de este tipo penal obedece al crecimiento exponencial, entre otros, de las apuestas deportivas y del riesgo que las mismas conllevan en la práctica del deporte profesional, deja de lado un importante “nicho de mercado” para el fraude como es la Segunda División B.

Manuel Quintanar, en su etapa de Director de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) señaló que "los fenómenos datados y registrados al respecto de estos fenómenos fraudulentos son solo la punta del iceberg. No puede medirse la eficacia en la persecución por los casos registrados, ya que no representa la realidad de este mercado".


Para explicar la naturaleza del fraude deportivo, el director del Departamento de Integridad de la LFP señalaba que "a menudo el deportista, en nuestro caso el futbolista, es una víctima. Son los entornos los que hacen que estos delitos se lleve a cabo".


Para explicar las causas del aumento del fraude, Quintanar cuantificó en un dos por ciento el PIB mundial relacionado, directa o indirectamente, con el fútbol: "El mercado de las apuestas ha generado una significativa economía sumergida que vincula crimen y deporte". Quintanar también señala que la infraestructura de las competiciones puede facilitar el germen de este tipo de delitos.


Países como Australia, Noruega y Dinamarca han logrado reducir las anomalías en apuestas deportivas gracias a la aplicación de métodos de prevención y persecución eficaces como el Betting Fraud Detection System de UEFA, al que los expertos se refieren como "es el que más frecuentemente detecta alarmas, pero no es el único y no las detecta todas. La monitorización de las apuestas resulta una inversión de presupuesto necesaria".

 

En cualquier caso, bien sea mediante esta figura, bien mediante otras, se impone la lógica de preservar de la acción delictiva el ámbito del deporte, ya no solo por los valores que se le presuponen, sino debido a que, además, en las dos últimas décadas se ha configurado como un mercado económico importantísimo, en el cual la diferencia entre mantener o no la categoría en una liga trae aparejado, además del éxito o fracaso deportivo, el éxito o fracaso económico de Sociedades Anónimas Deportivas, su viabilidad, la posible insolvencia (incluso con responsabilidad personal de los administradores) y poder encontrarse con una fuerte respuesta penal en contra.

 

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