Patricia Miguel

Patricia Miguel

En fecha de 8 de enero de 2017 la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado, de nuevo, que son nulas las sanciones de tráfico captadas por un dispositivo foto-rojo y que suponen, en el caso de las impuestas por el Ayuntamiento de Madrid, el pago de una multa por importe de 200,00 euros y la detracción de 4 puntos en el permiso de conducir.

 

Este sistema consiste en la instalación de cámaras en los semáforos a efectos de comprobar el cumplimiento de la normativa de detención de los vehículos en las intersecciones; habiéndose recaudado en Madrid en el año 2016, la cuantiosa suma de 10.271.400 euros, doblando así la cantidad obtenida durante el año anterior.

 

Esta Sentencia se suma a la ya dictada en estos mismos términos por el Tribunal Supremo en el año 2015; así como a muchísimas otras que han venido dictándose por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y que una vez más pone de relieve la falta de garantías jurídicas y la falta de fiabilidad de este sistema de captación de imágenes.

 

A pesar de todos estos pronunciamientos relativos a la legalidad del sistema, los Ayuntamientos continúan utilizando el mismo, imponiendo las correspondientes sanciones que incluso han visto como se incrementaban en más del doble en el año 2016 e incrementando, evidentemente, la recaudación obtenida con las mismas.

 

Por ello, si ha sido sancionado por rebasar un semáforo en fase roja según el sistema foto-rojo, ponte en contacto con nosotros y recurre.

Sin bien la mayoría de nosotros conoce, al menos a grandes rasgos, que significa contraer matrimonio en régimen de gananciales o en régimen de separación d bienes; no siempre está tan claro con respecto de algunos bienes, si los mismos son privativos o comunes; lo que además no nos preguntaremos, seguramente, hasta que se produzca la disolución del matrimonio y con ello probablemente comiencen los problemas. Así, es necesario saber en primer qué, y entre otros, son bienes gananciales y por tanto de ambos cónyuges:

- Los obtenidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges a partir del matrimonio, como son las nóminas en caso de trabajo por cuenta ajena.

- Los frutos, rentas o intereses a partir del matrimonio, tanto si derivan de bienes gananciales como de bienes privativos. Así por ejemplo: el alquiler que pague el inquilino de un piso tuyo privativo una vez celebrado el matrimonio, pasará a ser un bien ganancial.

Todo lo que se obtenga a título oneroso con bienes comunes y con independencia del destino del mismo. Así, si durante el matrimonio se compra con dinero común un vehículo para uno de los cónyuges y que solo va a ser utilizado por él; dicho vehículo tendrá carácter ganancial. Sin embargo, si bien lo anterior puede resultar más o menos claro para la mayoría, en otros supuestos la calificación como bien común o privativo igual no es tan intuitivo.

Así por ejemplo, será habitual que nos preguntemos: ¿Qué ocurre si ya casados, uno de los cónyuges hereda determinados bienes de su padre o de su madre? ¿ó si ya casados, el padre o madre de uno de los cónyuges decide hacerle a este una donación?.

En ambos casos, el bien obtenido a título gratuito (heredado o donado) será un bien privativo del cónyuge que lo ha recibido.

Y si durante el matrimonio me despiden, ¿qué ocurre con la indemnización que reciba uno de los cónyuges? La indemnización por despido que corresponda con años trabajados vigente el matrimonio, será ganancial.

Sin embargo, si la indemnización que recibe uno de los cónyuges deriva del resarcimiento de un daño sufrido por él, será privativo. Así por ejemplo, una indemnización por unas lesiones sufridas en un accidente. Por tanto; muchos son los supuestos en los que, una vez nos lo planteemos – probablemente y como decía al inicio, ante una situación de crisis- tengamos dudas sobre si ese bien es común o por el contrario privativo de uno de los cónyuges; siendo de vital importancia conocer todos estos extremos y poder decidir, antes de contraer matrimonio y en disposición de toda la información, en que régimen es en el que queremos casarnos.

Si quieres que estudiemos tu caso particular, puedes contactar con nosotros en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o en 91 345 76 04, somo asesores legales en Madrid.

En primer lugar hay que tener en cuenta que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, como mínimo los contratos de arrendamiento deberán tener una duración de 3 años (a partir de 6 de junio de 2013 –anteriormente 5 años).

De tal forma que si en el contrato se ha pactado una duración inferior, éste se prorrogara anualmente hasta alcanzar los 3 años de forma voluntaria para el arrendatario y de forma obligatoria para el arrendador.

En concreto: el arrendatario puede –siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses- resolver el contrato en cualquier momento y por cualquier motivo, con la única condición de que comunique tal decisión con una antelación de cómo mínimo 30 días.

Sin embargo, el arrendador como regla general, no puede rescindir el contrato voluntariamente hasta que haya transcurrido el plazo establecido de duración mínimo, es decir, hasta que no hayan pasado 3 años.

Como decíamos, esta es la regla general: Libertad para resolver el contrato por parte del arrendatario una vez transcurridos 6 meses e imposibilidad de rescindir el contrato por parte del arrendador hasta el transcurso de 3 años.

Sin embargo, esto no significa que ante cualquier circunstancia el arrendador tenga que mantener el contrato hasta el transcurso de ese plazo de 3 años y así, la ley prevé –como excepciones a la anterior regla general- que el arrendador también pueda resolverlo con anterioridad cuando:

 

            -Necesite la vivienda para uso propio o para parientes en primer grado y cónyuge divorciado; avisando al inquilino con un plazo de cómo mínimo dos meses de antelación y teniendo en cuenta que si se alega este motivo hay que cumplirlo; no bastando la mera manifestación y previendo la ley, incluso, consecuencias si se incumple.

            -Se den algunas de las causas para la resolución de pleno derecho del contrato que contempla la LAU (artículo 27.2) y entre las que se encuentra por ejemplo: el impago de rentas, el subarriendo o la realización de daños causados dolosamente en la finca.

 

Por tanto, y si bien es cierto que la ley concede una mayor libertad en cuanto a la posibilidad de resolver o desistir del contrato, al arrendatario; el arrendador también se encuentra protegido por ésta, ante posibles circunstancias que pudieran darse- como el impago de rentas- y que en ninguno caso ha de soportar.

En todo caso, siempre hay que tener en cuenta los plazos de preaviso que establece la ley, así como la necesidad de comunicar las decisiones que de resolución o desistimiento se pudieran tomar por cualquiera de las partes y con respecto a la otra. Por tanto, si te encuentras en alguna de las situaciones descritas –o crees que te puedes encontrar- no dudes en consultarnos.

 

El pasado 3 de mayo se publicaba la convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio y de nuevo –puesto que a pesar de haberse decidido activar una Comisión de Investigación sobre el sistema, esto todavía no ha sido posible- se pone en marcha el sistema denominado “voto rogado” y a través del cual los no pocos españoles residentes en el extranjero tratarán de lograr votar y de que en caso de conseguirlo este voto llegue a tiempo.

 

Para ello en primer lugar es imprescindible distinguir entre aquellos españoles que residen en otro país de forma temporal (que por ejemplo se encuentren disfrutando una Beca Erasmus), de aquellos que residen de forma permanente:

A.- Comencemos por los que, en palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores, “están de paso en el extranjero” (residentes temporales) y que tendrán que:

  • Del 4 al 28 de mayo deberán acudir al Consulado correspondiente para inscribirse como No Residente, si no estuvieran ya inscrito, y solicitar el voto.

*Si llevas inscrito desde hace más de 1 año, debes acercarte de entre el 9 y el 16 de mayo, ya que es posible que se te pida la inscripción como residente

  • A partir del 6 de junio recibirás en tu domicilio (el que conste en la embajada) la documentación electoral por correo postal.
  • Hasta el 22 de junio, deberás enviar por correo tu voto a la Mesa Electoral que te corresponda aquí en España.

 

B.- Por otro lado, para aquellos que residan con carácter permanente en el extranjero deberán:

  • Del 9 al 16 de mayo deberán acudir al Consulado y revisar que están inscritos en el censo. Si no lo estuvieras tendrás que gestionar en alta, no pudiendo hacerlo una vez transcurrido dicho plazo.
  • Del 4 al 28 de mayo deberás rogar tu voto, siempre que en el paso anterior confirmes tu correcta inscripción y para lo que tendrás que:
    • Cumplimentar la solicitud que puede obtener en la Sede Electrónica del INE
  • Enviarla junto con tu DNI e Inscripción en el Censo de no residentes por fax o correo a la Delegación Provincial del Censo que os correspondo o de forma telemática.
  • A partir del 6 de junio recibirás en tu domicilio la documentación electoral por correo postal.
  • Hasta el 21 de junio podrás enviar el voto por correo a tu consulado o votar presencialmente en la urna habilitada en el Consulado entre el 22 y 24 de junio.

 

Procedimientos ambos bastante farragosos y que esperamos, una vez se ponga en marcha la Comisión de Investigación de este sistema, se mejore y agilice; pues el mismo, a pesar de ser de 2011 parece proceder de un tiempo mucho más lejano.

Según el diccionario de la Real Academia Española, por indulto se entiende la “gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena”; decisión esta que en nuestro país es tomada por el Gobierno en Consejo de Ministros.

La figura del indulto se regula en una Ley que es, nada más ni nada menos de junio de 1870 y que prácticamente sigue intacta a día de hoy, 2016; no habiendo adquirido la mayoría de la sociedad conocimiento de la misma, o más bien, de cómo esta se venía aplicando, hasta el 2012; debiéndose esto principalmente a algunos más que polémicos indultos que en esos años, se produjeron y saltaron a la prensa.

Efectivamente y a pesar de que la mayoría de la sociedad permaneciéramos al margen de ello, el uso que de esta figura ha venido haciendo nuestro poder ejecutivo no puede más que calificarse de arbitrario e incluso caprichoso y despótico; bastando como ejemplo los 1.328 indultos que se concedieron el 1 de diciembre del año 2000 porque –según palabras del Ministro de Justicia de aquel entonces- se acababa el milenio, era año jubilar y el 25 aniversario de la coronación del rey Juan Carlos.

Pues bien, parece que el problema de que esto venga ocurriendo –aunque bien es cierto que de una forma menos acusada desde 2013, siendo estos últimos años en los que menos indultos, y con diferencia, se han concedido desde 1996- es el hecho de que la decisión que ha de tomar el poder ejecutivo, ni tiene que ser motivada, aunque en la exposición de motivos de la Ley que lo regula si se recoge tal requisito; ni tiene por qué tener en cuenta lo que para el caso concreto determine ni el juez sentenciador ni instituciones penitenciarias.

No es ni mucho menos minoritaria la opinión que aboga por la abolición de esta institución; sin embargo, no podemos olvidar que el indulto, pese al uso que se ha hecho del mismo y que nada tiene que ver con aquel para el que fue concebido; es una institución que trata de dar respuesta a aquellas situaciones en las que debido a la estricta aplicación de las leyes, se ha producido una injusticia. Por lo que en mi opinión, se trata de una figura necesaria pero que requiere una ni mucho menos necesaria regulación renovada y que realmente ponga límites a la aplicación de la misma por pare del ejecutivo.

Así, para las últimas elecciones generales, tres de las cuatro grandes fuerzas políticas en nuestro país, incluyeron alguna referencia al indulto en sus programas electorales; manteniendo cada una de ellas una posición diferente al respecto. Así, Ciudadanos – y a pesar de que anteriormente anunciaba una línea más similar a la del PSOE- en su programa elige un sistema que sin distinguir entre tipos delictivos, exige en todos los casos, una mayor motivación y establece la imposibilidad de que el ejecutivo contradiga la opinión del tribunal sancionar o los informes técnicos. Frente a esta postura, el PSOE, si bien también incluye la necesaria motivación de los indultos, opta por excluir la posibilidad de indulto para determinados tipos delictivos; en concreto, para todos aquellos que estén vinculados a supuestos de corrupción y violencia de género. Por su parte, el PP viene a realizar una propuesta un tanto difusa y que no mucho dice al respecto, estableciendo que impulsarán una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno.

 

De todas ellas, a mi entender, quizás la mejor fórmula no sea discriminar en función del tipo delictivo sino el establecer unas línea bien definidas que poco o ningún margen de discrecionalidad puedan dejar al poder ejecutivo.