¿Cuándo puedo resolver un contrato de alquiler?

Escrito por  Jueves, 15 Septiembre 2016 00:00

En primer lugar hay que tener en cuenta que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, como mínimo los contratos de arrendamiento deberán tener una duración de 3 años (a partir de 6 de junio de 2013 –anteriormente 5 años).

De tal forma que si en el contrato se ha pactado una duración inferior, éste se prorrogara anualmente hasta alcanzar los 3 años de forma voluntaria para el arrendatario y de forma obligatoria para el arrendador.

En concreto: el arrendatario puede –siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses- resolver el contrato en cualquier momento y por cualquier motivo, con la única condición de que comunique tal decisión con una antelación de cómo mínimo 30 días.

Sin embargo, el arrendador como regla general, no puede rescindir el contrato voluntariamente hasta que haya transcurrido el plazo establecido de duración mínimo, es decir, hasta que no hayan pasado 3 años.

Como decíamos, esta es la regla general: Libertad para resolver el contrato por parte del arrendatario una vez transcurridos 6 meses e imposibilidad de rescindir el contrato por parte del arrendador hasta el transcurso de 3 años.

Sin embargo, esto no significa que ante cualquier circunstancia el arrendador tenga que mantener el contrato hasta el transcurso de ese plazo de 3 años y así, la ley prevé –como excepciones a la anterior regla general- que el arrendador también pueda resolverlo con anterioridad cuando:

 

            -Necesite la vivienda para uso propio o para parientes en primer grado y cónyuge divorciado; avisando al inquilino con un plazo de cómo mínimo dos meses de antelación y teniendo en cuenta que si se alega este motivo hay que cumplirlo; no bastando la mera manifestación y previendo la ley, incluso, consecuencias si se incumple.

            -Se den algunas de las causas para la resolución de pleno derecho del contrato que contempla la LAU (artículo 27.2) y entre las que se encuentra por ejemplo: el impago de rentas, el subarriendo o la realización de daños causados dolosamente en la finca.

 

Por tanto, y si bien es cierto que la ley concede una mayor libertad en cuanto a la posibilidad de resolver o desistir del contrato, al arrendatario; el arrendador también se encuentra protegido por ésta, ante posibles circunstancias que pudieran darse- como el impago de rentas- y que en ninguno caso ha de soportar.

En todo caso, siempre hay que tener en cuenta los plazos de preaviso que establece la ley, así como la necesidad de comunicar las decisiones que de resolución o desistimiento se pudieran tomar por cualquiera de las partes y con respecto a la otra. Por tanto, si te encuentras en alguna de las situaciones descritas –o crees que te puedes encontrar- no dudes en consultarnos.

 

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